INFAME ACUSACIÓN DE XENOFOBIA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá mañana en La Moncloa al nuevo líder del PP, Pablo Casado. Es un encuentro que se enmarca dentro de la normalidad institucional, o así debería ser, por lo que es conveniente no confundir las normas básicas de cordialidad y protocolo con las de un entendimiento leal sobre temas de Estado.

Hasta ahora, Sánchez ha prescindido de los partidos de la oposición para asuntos de tanta importancia como la crisis del independentismo catalán, ni aunque sea por el hecho de que con ellos –PP y C’s– selló un acuerdo para la aplicación del artículo 155, que no deja de ser una de las medidas políticas más importantes aplicadas en nuestra democracia.

Puede que la manera abrupta de llegar al Gobierno –de un día para otro, después de haber alcanzado acuerdos de Estado con Rajoy–, y ante la oportunidad de recibir los votos de los partidos secesionistas, le haya obligado a escenificar que representa «otra etapa», incluso en temas en los que no tiene la menor capacidad parlamentaria para aplicar nuevas políticas, ni, por supuesto, llegar a acuerdos con la Generalitat que alteren el orden constitucional. El PSOE lleva varios días jugando con una idea muy arriesgada: calificar al líder de PP, y por extensión a todo el partido, de xenófobo.

Es una acusación, gruesa, falsa y malintencionada, que no se corresponde con la realidad y que debe ser rebatida por el bien de nuestra vida política. Ni en las políticas concretas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy se planteó un cierre de fronteras, ni los inmigrantes fueran rechazados antes de llegar a territorio español y, una vez aquí, fueron tratados bajo todas las normas humanitarias.

Ni el Gobierno ni el PP han desarrollado un discurso contrario a la llegada de inmigrantes, ni en ningún caso es equiparable a lo que ahora están planteado en Europa los partidos de extrema derecha. El PSOE lo sabe y así manipula los hechos, e insiste bajo una estrategia frentista –muy en la línea del populismo de Podemos– en marcar un terreno político en el que definir el papel de la izquierda a falta de políticas económicas y sociales concretas. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insistió en la misma idea intoxicadora, aunque esa vez ha incluido también a Cs y a Albert Rivera, alineándolos con la extrema derecha xenófoba europea.

Convendría que el Gobierno atendiese a los asuntos que tiene encima de la mesa –entre ellos, el de la inmigración– y deje de realizar acusaciones con brocha gorda. Los temas importantes, los que pueden afectar a la cohesión social, deben estar protegidos por pactos entre todos los grandes partidos, porque jugar con ideas como las expresadas ayer por Calvo es contraproducente, incluso para la propia política migratoria. Es ella y nadie más quien está introduciendo la idea de xenofobia para abordar un problema tan importante.

No deja de ser irónico que Sánchez definiera a Joaquim Torra como «el Le Pen de la política española», autor de declaraciones «racistas y xenófobas, excluyentes y antieuropeas», y semanas más tarde acabe reuniéndose con él para hablar de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy se volverá a reproducir el mismo encuentro, aunque con formato diferente.

El juego de la «bilateralidad», de «Estado a Estado» puede alimentar la realidad secesionista y prolongar esa fantasía hasta enlazar con la Diada del 11 de septiembre y las movilizaciones para conmemorar el 1-O y el golpe anticonstitucional, pero Sánchez debería antes de embarcarse en esta aventura haber, si no consultado, por lo menos informado a los partidos constitucionalistas. Sin su apoyo, el recorrido de la «receta» de La Moncloa para Cataluña no tendrá mucho recorrido.

La Razón