En algunos países hispanos, la izquierda ha esgrimido políticamente la historia para distraer sus miserias. Las desgracias del pasado son utilizadas torticeramente por los agentes políticos para obtener rédito electoral y cotas de control social.

Primeramente fue la represión de las autoridades militares contra la insurgencia americana, lo que llamó su atención, lo cual era hasta comprensible por su proximidad temporal y la ideología de las víctimas. Sin embargo, en los últimos tiempos, han fijado su atención en la labor de la colonización española en América, omitiendo la tarea de otros conquistadores extranjeros.

No se han parado en barras y hasta han catalogado el Descubrimiento como el origen de un genocidio cometido contra la población indígena. El asunto es preocupante en cuanto que algunas autoridades mundiales del momento, como el Presidente actual de EE.UU., parecen valorar tales planteamientos capciosos.

Pues bien, la novedad de esta herramienta propagandística ha arribado a territorio español, induciendo al sector izquierdista del país para criminalizar uno de los bandos de la última guerra civil, al mismo tiempo que el régimen político nacido de la victoria militar, con una finalidad evidente de domesticación social.

En nuestro país, lo ocurrido con la recuperación republicana de los años treinta siguió los derroteros que pasamos a detallar. En primer lugar, varias universidades creadas durante el quindenio socialista mostraron un interés excesivo por la represión política de los vencedores en la guerra civil y la posguerra, omitiendo, minusvalorando o ninguneando la represión izquierdista de la contienda, más cuantiosa y mucho más cruel.

Con la llegada de la derecha moderada al poder en 1996 y, sobre todo, a partir de su consolidación electoral en el año 2000, se produjo, como reacción programada, un acelerado renacimiento por los hallazgos de la represión franquista, totalmente intencionado.

Desde ese instante, el estudio de la represión derechista en la guerra de 1936-1939 se convirtió en una herramienta política más que una investigación histórica. Fruto de ello, fue la ley nacional sobre la memoria histórica que aún rige –como poco, parcial e interesada-, si bien dicha normativa ha dejado algunas rendijas por las que podían mantenerse, siquiera, ideas diferentes sobre estos hechos históricos tan turbios como controvertidos, sin intromisiones del poder político, como ha acreditado la reciente respuesta que un modesto municipio vallisoletano ha efectuado frente a los requerimientos parcialísimos del Senado.

Dicha conducta encomiable, que recuerda acaso la actitud del alcalde de Zalamea del universal Lope, será difícil de mantener cuando entre en vigor la ley de Memoria Democrática (sic), pues pudiera suponer que el alcalde de Camporredondo pudiera ser procesado.

Lo esperpéntico de la ley a que hacemos referencia estriba en que los creadores, impulsores y redactores de esta nueva normativa draconiana han sido los mismos partidos y sindicatos responsables de las terribles matanzas y latrocinios perpetrados en España contra la población civil desde 1931 hasta prácticamente el año 1952, fecha en que entró en vigor el convenio de Ginebra de 1949.

Hasta entonces, la izquierda española, acompañada de concretos partidos nacionalistas, produjeron más de cien mil ejecuciones y asesinatos entre la población española, aparte de cometer millares de robos y saqueos, destruyendo igualmente cientos de edificios religiosos y obras de arte sacro, apropiándose igualmente de los fondos del Banco de España y de otras entidades crediticias y mercantiles.

Fue una persecución terrorífica y cruel como nunca se había visto en suelo patrio, con millares de personas martirizadas, ejecutadas, apaleadas o encarceladas. No se respetó la vida, pero tampoco la hacienda privada, ni siquiera el pudor, soportando no pocas mujeres gravísimas vejaciones sexuales.

Pues bien, la documentación conservada apunta directamente a personajes del socialismo español como los principales responsables o instigadores de tan gran holocausto, cometiéndose incontables atrocidades contra personas pacíficas como piadosos frailes, monjas de clausura, venerables ancianos o niños indefensos, practicándose incluso el canibalismo con algunos de estos infelices.

En países de habla hispana, caso de Venezuela, Méjico o mismamente España, la izquierda actual se ha embarcado en una cruzada contra genocidios ficticios, con el  fin de edulcorar sus incompetencias y errores, a la par que obtener réditos electorales que les permita asentarse plácidamente en el poder.

Basta simplemente con repasar la historia de estos territorios para constatar las equivocaciones y las verdades a medias.

Por tanto, lo más prudente, a la luz de la criminalidad observada, hubiera sido que los dirigentes izquierdistas en tales naciones permaneciesen callados, por mor de las atrocidades que sus ascendientes o referentes políticos perpetraron en el pasado o que incluso sus subalternos siguen cometiendo.

José Piñeiro Maceiras ( El Correo de España )