INVESTIDURA CONTRA LA CONSTITUCIÓN

El balance de la primera jornada de la sesión de investidura es claro: Pedro Sánchez va a presidir -si consigue la mayoría necesaria- un gobierno que pretende derogar el sistema constitucional de 1978. Obviamente, Sánchez no definió este objetivo de forma explícita, pero los hechos hablan por sí solos, empezando por la catadura de los socios que ha elegido para su mandato.

El propio Gabriel Rufián se encargó de proclamar de forma tan clara como hiriente todo lo que el candidato socialista, al que humilló desde la tribuna del Congreso, quiso ocultar y maquillar en su discurso. Entre eufemismos, Sánchez no dudó en fijar el eje de su intervención en la descalificación del Estado de Derecho, el imperio de la ley y el control judicial sobre lo público.

Su ataque a los tribunales de Justicia se manifestó en frases de pretenciosa altura de miras, pero cortas de ética política, como si la aplicación de la ley fuera el problema y no la solución, como si fuera viable una democracia al margen de la ley. Por eso fue temerario a la hora de comprometerse con los independentistas y comunistas en «dejar atrás la vía judicial» para Cataluña, como si estuviera en sus manos dejar en vía muerta los mecanismos que protegen la ley y la Constitución.

Antidemocracia. No explicó Sánchez cómo va a desactivar lo que llamó «judicialización» de lo que para él ahora es un «conflicto político» en Cataluña. Sólo un político con pulsiones totalitarias puede comprometerse a semejante disparate, porque el Estado de Derecho tiene vida propia a través de los jueces, de los fiscales y de los ciudadanos, los cuales, como bien saben Junqueras y Torra, pueden querellarse a través de la acción popular.

Tampoco Sánchez puede prohibir que cincuenta diputados o senadores impugnen ante el TC sus mesas bipartitas y sus más que previsibles leyes de plurinacionalidad y sentimientos nacionales. El peligro de que un político con este planteamiento acceda al poder es más que evidente, porque si algo carcome la democracia es la relativización de la ley.

Socios de Gobierno. Todo resulta coherente porque Sánchez defendió ayer como única vía posible la mayoría parlamentaria forjada con comunistas, separatistas y golpistas. De semejante coalición sólo cabe esperar un ataque constante a la primacía de la Constitución y la Ley y a la independencia de los tribunales. Un pacto de extremistas de izquierda y separatistas sólo encuentra su razón de ser en el desmantelamiento de la democracia parlamentaria y la convivencia constitucional.

La normalidad pacífica de instituciones y ciudadanos es incompatible con estos socios de gobierno, que necesitan el conflicto para justificarse a sí mismos. Y, en efecto, el objetivo máximo de esta coalición es derribar la monarquía parlamentaria, porque la Corona representa los valores opuestos a los defendidos por Unidas Podemos y ERC.

Un gobierno intervencionista de extrema izquierda. Este discurso condescendiente no fue más que la piel de cordero extendida sobre una voluntad decidida de hacer ahora la ruptura que el PSOE no hizo en 1978. Pero para lograr este objetivo, el gobierno que quiere formar Sánchez necesita entrar a saco en la sociedad española y despojarla de sus resortes de libertad crítica.

Este es el contexto en el que cobran sentido los avisos contra la enseñanza concertada, y también se entiende así esa iniciativa difusa y peligrosa contra la «desinformación», que tiene el tufo chavista de amedrentar a la prensa libre para que no moleste en una etapa en la que Sánchez necesitará muchos callejones oscuros para hacer lo que la luz constitucional no le permitiría.

La exclusión de los medios de comunicación en la firma del pacto de gobierno con Pablo Iglesias fue solo un indicio de una política de comunicación que alternará el amiguismo con la opacidad mediante ese anunciado «cordón sanitario» contra la desinformación y las «fake news».

Demasiados silencios. El discurso de Sánchez fue vergonzante porque silenció las erupciones más intransigentes del nacionalismo catalán tras las decisiones de la Junta Electoral Central sobre Torra y Junqueras. Las descalificaciones de Adriana Lastra contra este órgano muestran el rumbo que tomará el futuro gobierno de Pedro Sánchez, en cuyo horizonte se alza el indulto a los condenados por el proceso separatista en Cataluña.

Sólo esta medida de gracia explicaría el anuncio de Sánchez de dejar atrás la vía judicial. Prepárense los tribunales que aún tienen que juzgar a los sediciosos separatistas, porque sobre ellos va a caer una enorme presión, en la que el papel de la Fiscalía General del Estado será determinante, tanto para servir sumisamente al nuevo gobierno como para actuar de contrapeso constitucional.

Nuevo intento separatista. El eje político de la futura legislatura será, de nuevo, el experimento del PSOE con la organización territorial del Estado. Ya lo perpetró con el estatuto catalán de 2006, sustancialmente inconstitucional. Ahora volverá a intentarlo con vías similares, revestidas de legitimidad democrática, pero tan inconstitucionales como aquella que pactó Zapatero con Mas.

La liquidación del Estado constitucional de 1978 exige romper la unidad de la soberanía nacional, que es el pueblo español. A este objetivo sirven el reconocimiento socialista de los «sentimientos nacionales» y del carácter «plurinacional» de España. Insólita adhesión del socialismo español a lo peor del Antiguo Régimen que culminará con la convocatoria de una consulta o referendo sólo en Cataluña.

Respuesta firme de Casado. Frente al discurso remilgado y tedioso de Sánchez, Pablo Casado respondió de forma eficaz y contundente con la intervención que le era exigible como líder del centro-derecha. Sánchez dejó claro que ha fraguado la «única mayoría» posible, certificando que la causa de la coalición con Unidas Podemos y los separatismos nunca fue el rechazo del PP a apoyar a Sánchez, sino su voluntad de liderar un gobierno sectario de confrontación.

A partir de ahí, Casado debe sentirse legitimado para liderar una respuesta política y social tan firme como lo fue ayer su réplica parlamentaria al candidato socialista. El problema no será el sistema productivo de la economía española, el mercado laboral o la estructura de impuestos, sino la continuidad de España como un Estado constitucional basado en su unidad.

Una tarea de todos. El líder del PP debe ser consciente de la responsabilidad que recae en su partido, porque el gobierno al que tendrá que hacer frente será implacable en sus medios y en sus fines. Estará más que justificado que el PP -en conjunción con el resto de partidos constitucionalistas- se oponga a la colonización de las instituciones del Estado de Derecho, como el TC o el CGPJ, por los socios corrosivos de quienes repudian el imperio de la ley. Y no sólo deberá velar por estas instituciones.

El PP y demás partidos constitucionalistas saben que Sánchez quiere presidir un gobierno que es un peligro real para las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Está formado por ideologías que se han retratado con el apoyo a dictaduras sangrientas y a vulneraciones de la ley y la Constitución.

Será un gobierno que nazca con los estigma de las peores ideologías del siglo XX, el comunismo y el nacionalismo supremacista. El socialismo constitucional ha desaparecido en el pozo negro de la ambición de Sánchez y del revanchismo de la izquierda, hipnotizada por el rencor de la memoria histórica y decidida a volver sobre los pasos de una crispación que habían sido borrados por la concordia constitucional.

ABC