Entre las novedades del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) que el ministro del ramo enviará en breve al Consejo de Ministros para su tramitación y aprobación por las Cortes, y que sustituirá a la más que centenaria de 1882, se encuentra la supresión de la figura del juez de instrucción y, en su lugar, la creación del “fiscal director del procedimiento de la investigación oficial”, lo que en lenguaje paladino significa que serán los fiscales quienes se encarguen de la tarea.

No pocas veces he defendido encomendar a los fiscales esa fase previa del procedimiento penal –quede claro que la investigación de un hecho con apariencia delictiva no la hace un juez ni un fiscal, sino la Policía–, pues sería la forma de liberar a los jueces de un trabajo que no es completamente, ni en sentido estricto, jurisdiccional. Pero, en las mismas ocasiones, también he señalado que tal modificación no puede llevarse a cabo sin cambiar la estructura del Ministerio Fiscal.

Vaya por delante que soy consciente de que este comentario de nada ha de servir a quienes piensan que con fiscales de los nuestros la investigación penal está dominada y que controlar el proceso penal y hacerlo con una policía judicial fiel es el objetivo.

También comprendo que el señor ministro de Justicia, que además es juez, pueda molestarse por que se sospeche que el Ministerio Fiscal no siempre actuará en la investigación con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad y que, por tanto, reproche a los que así opinan que eso es poner en duda la rectitud de una institución básica del Estado.

Personalmente, no es esto lo que cuestiono. No. Lo que me preocupa es que los hombres y mujeres que la componen y sirven, por independientes de juicio y de corazón que sean, no estén en condiciones de sustraerse a las instrucciones e indicaciones del Poder Ejecutivo, del que el señor Campo forma parte.

Ignorar esto es cerrar los ojos a la evidencia. Ahí están las palabras del presidente Sánchez cuando en una entrevista de radio recordó, con un tajante “pues eso”, que la Fiscalía depende del Gobierno. O la propia y actual fiscal general del Estado, que tantas veces, con una generosidad pasmosa, se ha exhibido como mujer de partido.

Si con la Constitución en la mano se ven, o pueden verse, las cosas que se ven, no hace falta ser un lince para dibujar el panorama de la instauración del fiscal instructor. La búsqueda del fiscal imparcial es tarea ardua y su hallazgo, cuando menos, un objetivo que queda demasiado lejos para quienes tenemos bastante edad. Se trata de tener los pies sobre la tierra y reconocer que todos, o casi todos, sabemos que a los políticos les sobran los fiscales imparciales.

Eso sin contar que vivimos en un país en el que la independencia se premia con la moneda del desprecio y la obediencia ciega es lo que gusta. Es más: tengo la sensación de que los propios fiscales no se sentirán satisfechos ante el riesgo de ser instrumentalizados en una operación de debilitamiento del Poder Judicial, lo que entronca con las teorías de los ideólogos de la muerte de Montesquieu.

No confundamos al personal. La Historia nos ofrece demasiados casos como el de aquel fiscal que llegó a ser ministro de Justicia y que presumía, públicamente, de ser apóstol de una ideología política. En España ha existido siempre la obsesión de utilizar al fiscal como instrumento de contienda política, algo que está muy lejos de la idea que Platón expone en Las leyes cuando sentencia: “La acusación pública vela por los ciudadanos: ella actúa y éstos están tranquilos”.

Otra cuestión no menos significativa es que, sin una modificación de la plantilla de la carrera fiscal, cualquier reforma en el sentido indicado resultará superflua, en la medida en que en España los fiscales son menos de la mitad que los jueces.

No siendo posible ni deseable formar nuevos fiscales de la noche a la mañana, resulta impensable que hagan bien lo que no pueden hacer bien el doble número de jueces. Según datos oficiales, hoy hay en activo 2.584 fiscales, muchos de los cuales se encuentran en situación de servicios especiales; es decir, sirviendo a la Administración en otros puestos, incluyendo los cargos políticos.

Si restamos los fiscales destinados en la Fiscalía General del Estado, los fiscales del Tribunal Supremo, los del Tribunal Constitucional, los del Tribunal de Cuentas, los de la Secretaría Técnica y el Servicio de Inspección, los de familia, los de seguridad vial, los dedicados a la jurisdicción penal no llegan a 1.000.

Así las cosas o, lo que es igual, en las actuales circunstancias, mucho mejor sería un sistema en el que al lado del juez instructor hubiera otro magistrado, éste de garantías, que fuera el competente para autorizar todas aquellas diligencias de investigación que supusieran una invasión o restricción de los derechos fundamentales; verbigracia, las interceptaciones telefónicas, la intervención de la correspondencia, las entradas y registros domiciliarios y, por supuesto, cualquier medida cautelar, sea personal, como la prisión preventiva, sea real, como el embargo.

De no ser así, si precipitadamente la reforma saliera adelante –bien es verdad que el anteproyecto contempla un periodo de vacatio legis de tres años–, entonces no sería de extrañar que, llegado el caso o presentada la ocasión, el Tribunal Constitucional se pronunciase en el sentido que, en su momento, lo hizo la Corte de Casación francesa al decir que el modelo “no garantiza suficientemente los equilibrios institucionales ni el ejercicio de los derechos de la defensa y de la víctima”.

Otrosí digo: quienes me conocen, y también los que simplemente me hayan leído un poco, saben de mis respetos y afectos hacia los fiscales españoles. Estoy convencido de que, hoy por hoy, ser fiscal, lo mismo que ser juez, es una profesión difícil y peliaguda.

No se trata de sostener que en su cotidiana tarea el fiscal sea infalible, ni siquiera justo, pero sí conviene decir que muchas veces el fiscal sufre y que lo hace en soledad y sin ruido. Hay fiscales para quienes su profesión es, además de oficio, sacrificio.

Un ejemplo reciente de esto que afirmo es el de un fiscal, cuyo nombre es innecesario pronunciar, que ha sido fulminado de su cargo, pese a haber demostrado ser muy trabajador y estudioso, lo cual confirma la tesis de que en este país un fiscal no puede ir por la vida haciendo las cosas como la ley y su conciencia le dictan. El fiscal en cuestión, y nunca mejor dicho, ante su drama ha sabido controlarse y ofrecido muestras de templanza.

El silencio es, desde luego, el más rentable y también el más humilde remedio para quien se siente herido.

Javier Gómez de Liaño ( Libertad Digital )