Ha comenzado la demolición del Estado que nos dimos los españoles en 1978 por la piedra clave de su bóveda: la Justicia, el menor pero decisivo de sus tres poderes. PSOE y Unión Podemos registraron ayer la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, cuyo cometido más importante es el nombramiento de los jueces.

Alegan que intentan evitar que el PP bloquee esos nombramientos y con ello el entero sistema judicial. Una verdad a medias como todas las suyas, pues dicho sistema ha seguido funcionando y se han seguido nombrando jueces al producirse vacantes.

Lo que realmente buscan es impedir que el PP tenga voz en esos nombramientos y controlarlos ellos, lo que significaría controlar el Estado, algo antidemocrático, al ser segundo partido. La fórmula no puede ser más tramposa.

Doce de los veinte miembros del CGPJ venían siendo elegidos por los propios jueces, mientras los otros ocho los elegían Congreso y Senado a parte iguales, es decir cuatro cada uno. Lo que PSOE e UP pretenden es reducir a 10 los nombrados por los jueces y, encima, por mayoría, no por los dos tercios que se exigen hasta ahora.

De salir adelante tal propuesta, el «gobierno Frankenstein», como tan acertadamente definió Rubalcaba, con dominar ambas Cámaras más los dos que perdían los jueces, se haría dueño de la Judicatura. Y del país, y de usted y yo.

Nada de extraño que hayan sonado los timbres de alarma en la calle Génova y se dispongan a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, así como ante los tribunales europeos si es preciso. Ciudadanos y Vox harían bien en tomar nota y espabilarse, pues van también a por ellos.

Todo lo que se haga y diga para defender la independencia del Poder Judicial es poco, al ser la Justicia la base de un buen gobierno, veladora no sólo de que se cumpla la ley, sino de que se cumpla con equidad e inteligencia. «La verdad en acción» la definió alguien que en estos momentos no recuerdo.

Y en momentos críticos, como los que atravesamos, más que nunca. Hacerse con el control de la Justicia ha sido el sueño de todos los cobardes que quieren dar un golpe de Estado incruento, que les garantizaría la impunidad si por cualquier razón les falla y no se atreven a usar la violencia.

¿Qué hubiera pasado si la Justicia se hubiese replegado, aceptando alguno de los argumentos espurios que usaron los secesionistas catalanes? Pues que a estas horas estarían todos en la calle o en despachos oficiales, con secretaria y despacho fuera.

«Donde la política es el señor, la Justicia es el criado», dice una máxima anglosajona. De que se frene o no este intento de convertir la Justicia española en sierva del Ejecutivo, dependerá que sigamos en un Estado de Derecho o regresemos a los tiempos en que derechos y deberes los marcaba el Estado.

José María Carrascal ( ABC )