Ya es oficial. Lo anuncia «El País», que bebe en las fuentes gubernamentales más claras y altas: una vez confinado el Rey a un papel protocolario y tras ocupar Ejecutivo y Legislativo con la ayuda de nacionalistas e izquierda, Pedro Sánchez se dispone a modificar la forma de nombrar al Consejo General del Poder Judicial, que nombra a su vez a jueces y magistrados.

Lo hace con su instrumento favorito: el decreto ley. Hasta ahora, a 12 de sus 20 miembros les basta la mayoría absoluta del Congreso, mientras los 8 restantes necesitan a partes iguales los dos tercios del Congreso y del Senado, porcentaje difícil de alcanzar por el multipartidismo. La modificación que quiere introducirse es que a todos ellos les baste el apoyo de las Cámaras.

Resultado: que quien controla éstas controla la Justicia. El equilibrio de poderes, ya de por sí precario, se iría a hacer puñetas en sentido literal y figurado. Si pensamos que hablamos de la piedra angular de la democracia, se entiende el interés que ha tenido siempre la izquierda por controlarla.

A fin de cuentas, es la última instancia que le queda al ciudadano frente a los desmanes gubernamentales y los abusos del legislativo. Jefferson dijo que «prefería un país sin gobierno a un país sin prensa libre», pero un país sin jueces independientes es lo peor que puede ocurrir. Y es, precisamente, lo que se intenta en España con la excusa de mejorar las instituciones. Como prohibir al Rey ir a Cataluña «para defender la Monarquía».

Los primeros damnificados son los propios jueces, que de garantes de la ley se convertirían en sayones de los tiranos. Nada de extraño que tres de las cuatro asociaciones judiciales se opongan rotundamente al plan del Gobierno.

Les va no ya el cargo, sino su papel en el Estado de Derecho que nos dimos en 1978, como a la Nación española, acosada no sólo por fuerzas rupturistas, sino también desde el propio Gobierno. Curiosamente, la última batalla se está librando en Madrid, entre La Moncloa y la Puerta del Sol, como la última batalla de la guerra civil, con la pandemia como excusa, pues se trata de quién manda en la capital, aunque los bandos invertidos: es el Gobierno central el que acosa al madrileño con todas las armas a su disposición y, de entrada, se ha llevado un chasco: confinó Madrid entero, y lo que ha conseguido fue que los madrileños encerrados en sus barrios se fueran al centro a darse un garbeo.

Aunque lo más importante de toda esta tragedia es que la crítica más demoledora, más categórica, más emocional al intento de acabar con el régimen de 1978 la haya hecho el socialista más prestigioso. Felipe González no sólo defendió el ecuánime buen hacer de Felipe VI, también dijo preferir su Monarquía, que él definió en su día como republicana, a las «republicanetas que algunos defienden y llevan en sí la semilla de la autodestrucción».

Prometiendo hacer cuanto pueda para que no ocurra. Todo un ejemplo.

José María Carrascal ( ABC )