Si alguien pensaba que el independentismo catalán había entrado en una nueva fase e iba a cejar en su empeño de desafiar al Estado de derecho, estaba equivocado. Las terminales penitenciarias de la Generalitat ya se encargaron de difundir ayer que las prisiones en las que están recluidos nueve de los condenados por sedición son favorables a concederles la semilibertad, contradiciendo así las recientes resoluciones del Tribunal Supremo.

Sacarlos de la cárcel es arbitrario y contrario a la legalidad, pero nadie duda de que el Gobierno catalán tramitará, y autorizará, la concesión de terceros grados mucho antes de que finalice el plazo de dos meses de que dispone, forzando así de nuevo las costuras de la Justicia y provocando el enésimo enfrentamiento institucional.

El apresurado anuncio de las cárceles es además indiciario de que en las próximas horas la Generalitat puede retrasar las elecciones del 14 de febrero hasta finales de mayo, con la coartada de que el agravamiento de la pandemia no garantiza un proceso de votación seguro.

Sin embargo, la única realidad es que ERC está actuando por pura conveniencia porque cree que aplazando los comicios, su resultado le será más favorable. Tendrá tiempo de desactivar el supuesto «tirón» del socialista Salvador Illa y habrá agrandado la brecha en sus rivales del PDECat. Pero salvo catástrofe, las elecciones deberían celebrarse en tiempo y forma el 14 de febrero.

El Gobierno de Pedro Sánchez tendría toda la razón cuando alega que celebrar las elecciones ahora es una «obligación legal» si no fuera porque el PSOE solo defiende las cuestiones de legalidad cuando le interesa. Cuando no es así, las pisotea, como hace con el poder judicial. Pero esta doble vara de medir la legalidad ya sorprende poco con Sánchez.

El retraso de los comicios no es conveniente porque el poder orgánico de Cataluña está en funciones desde que se negó a designar un nuevo presidente tras la inhabilitación de Joaquim Torra. Un hipotético retraso de las urnas no podría justificarse con el mismo argumento con el que se aplazaron el año pasado las de Galicia y el País Vasco.

Cataluña está en una anómala situación de interinidad, y además en aquellos casos hubo unanimidad de todos los partidos dada la gravedad de la pandemia. En cambio, ahora el PSC de Illa se opone y solo cedería retrasarlas hasta marzo.

También por oportunismo, claro, porque las contradicciones de Illa respecto al virus son elocuentes en su doble papel de ministro de Sanidad y candidato. Y si se aplazaran los comicios y el PSC impugnara la decisión, ese bochorno político generaría además un serio conflicto jurídico.

Si hoy se desconvocan las elecciones catalanas, Sánchez tendrá un problema de envergadura. Por eso el ministro de Justicia fue tan vehemente ayer al sostener que la Generalitat «suspendería la democracia». De nuevo el doble rasero.

Ya la «suspendieron» de verdad al declarar unilateralmente la independencia, pero hoy la réplica de Sánchez es insinuar que les indultará porque «estamos en otra fase» y los condenados «no tienen toda la culpa». ¿La tiene entonces el Estado de derecho? Sánchez es comprensivo con la sedición, pero no con el aplazamiento electoral…

Lo cierto es que retrasar los comicios cambiaría el paso a Sánchez. Illa quedaría «colgado» durante meses en un ministerio en el que está de salida, y Moncloa vería alterado su hipotético calendario de indultos y de desactivación del delito de sedición, porque el gran beneficiado sería ERC. No es la lucha contra el virus lo que les preocupa.

Es la pugna que mantienen dos partidos, el PSOE y ERC, cuyas prioridades no parecen coincidir con las de los catalanes. Cataluña no es su laboratorio.

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