Que el reparto entre los partidos de los cargos dentro del CGPJ afecta a la credibilidad de nuestra justicia es algo tan elemental, que difícilmente podremos encontrar a alguien que defienda públicamente otra cosa. Y sin embargo el sistema de elección subsiste, y seguirá subsistiendo.

Parece que olvidamos que nos encontramos viviendo en un Estado de partidos que la propia Constitución blinda directamente en su articulado, de manera que esto de echarnos las manos a la cabeza cada vez que se negocia la renovación del CGPJ, suena más a paripé, a chiste gastado.

El mismo paripé de esa formal división de poderes que nos cuentan existe. La realidad es cada partido quiere colocar a sus amiguitos en el CGPJ, porque desde allí se van a controlar la magistratura.

No nos extrañemos después de las sentencias del Tribunal Constitucional, que dan por buena la inmersión lingüística y que no se pueda estudiar libremente en español en cualquier punto de España, no nos extrañemos de las sentencias del Tribunal Supremo que rebajan la rebelión a sedición  y no limitan el acceso a los beneficios penitenciarios a conspicuos golpistas que jamás se van a arrepentir de su intentona,  tampoco nos extrañemos de las sentencias del Tribunal Supremo que sacan a Franco de la tumba e impiden a sus familiares enterrarle donde ellos elijan, y suma y sigue.

Pero el deterioro de nuestra Justicia no sólo afecta a los altos Tribunales, baste a cualquiera echar una ojeada a la jurisprudencia menor o a las bases de datos del CGPJ, para comprobar como en las más diversas materias, cada Audiencia provincial, incluso cada sección de la una misma Audiencia provincial, se siguen doctrinas contradictorias, de manera que el justiciable queda al albur del juez que en suerte le toque.

La seguridad jurídica es incompatible con este baile judicial. Incompatible por arriba, donde los Altos Tribunales se pliegan al viento político que sople, e incompatible por abajo, donde cada juez hace y deshace sin que nadie unifique criterios.

Son dos los pilares sobre los que se edifica un sistema judicial sano: En primer lugar la independencia de los jueces, objetivo que no sólo se logra con repetir como un radio casette un temario para acceder a la carrera judicial, sino que exige, más allá de la formal falta de vinculación a ningún otro organismo de la Administración pública, con la imparcialidad, es decir, el juez, además de haber memorizado un tocho legal, cuando lo aplica debe hacerlo con equidistancia con respecto a las partes del litigio y siempre con neutralidad, sea cual la presión social o política que afecte el caso.

El segundo pilar es la seguridad jurídica, un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza en la interpretación de la ley, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa que los expertos pueden predecir cual va a ser el fallo de un Tribunal en relación con un caso, pues la aplicación de la norma no puede ser arbitraria, sino que ha de seguir un criterio uniforme en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales que integran el sistema judicial.

En España estas dos premisas no se dan. No existe tal garantía de la independencia de los Tribunales frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Cierto que la elección de los miembros judiciales del CGPJ sin intervención alguna de las autoridades políticas ayudaría a conseguir tal objetivo, pero no debemos olvidar que constitucionalmente se ha diseñado un Tribunal Constitucional configurado como un Tribunal político que actúa como una cámara legislativa negativa y que a través de los recursos de amparo y con una jurisprudencia de obligado cumplimiento para todos, traslada la voluntad política de los partidos a la sociedad. Sin su desaparición no podremos disfrutar nunca de un sistema judicial verdaderamente independiente.

Por otro lado, sin una profunda reforma de nuestra organización judicial, tanto del sistema de acceso a la carrea judicial,  el modo de designación y la duración del mandato de los miembros de los Altos Tribunales, la propia planta judicial con la creación de órganos colegiados provinciales de primera instancia, salas de unificación de doctrina, una instrucción sometida a la revisión de un órgano también colegiado de garantias  y la recuperación de la justicia municipal para los asuntos de menor entidad, no conseguiremos esa seguridad jurídica que hoy no existe en nuestra Administración de Justicia.

Mateo Requesens ( El Correo de España )