JUZGARLE EN AUSENCIA

La politización de la Justicia es el mayor error que se puede cometer en un Estado de Derecho. La división de poderes exige que jueces y magistrados gocen de la más completa independencia. Ni intromisiones ni interferencias deben alterar su trabajo. “Sin la Justicia -se lee en La ciudad de Dios-, ¿qué son los reinos sino una partida de salteadores?”. En España, tras cuatro décadas de democracia pluralista plena, el respeto a la Justicia se ha generalizado. A pesar de no disponer del personal suficiente ni de la tecnología digital necesaria, y de ahí su lentitud, la Justicia española puede calificarse de ejemplar.

Puigdemont intentó un golpe de Estado en otoño, frustrado por los jueces, por la acción del Gobierno, por los partidos constitucionalistas y por el admirable discurso a la nación del Rey Felipe VI, el pasado 3 de octubre. Al máximo responsable golpista, al expresidente huido, se le acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación. Al Tribunal Supremo le corresponde sentenciar si Carlos Puigdemont cometió esos delitos y establecer las penas correspondientes.

Ante la presentación del prófugo como candidato a la presidencia del Govern, ayer confirmada, juristas de máximo prestigio me dijeron el pasado jueves en la Academia que se despejarían muchos problemas si al expresidente felón se le juzgara en ausencia, en rebeldía, y se le sentenciara. Es imprescindible, faltaría más, respetar los tempos y los procedimientos del juez, pero no le falta razón a quienes propugnan que se imprima celeridad a la acción judicial para evitar la grave deformación que para la imagen de España suponen las piruetas circenses del político perseguido. El daño que está haciendo el señor Puigdemont a Cataluña y al resto de España es inconmensurable. Y se acentúa cada día que pasa. A pesar de la prosperidad general de nuestra nación, las instancias internacionales más solventes así lo subrayan.

Con un Puigdemont sentenciado las cosas cambiarían y, salvo su fuga a un país sin extradición, se vería obligado a regresar a España esposado para cumplir lo que el Tribunal Supremo haya sentenciado. Conviene no olvidar que la Justicia de la II República Española condenó a Luis Companys, por un delito similar, a 30 años de cárcel. En su discurso a los cabreros, Don Quijote afirma: “La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen”. Nihil novum sub sole.

Luis María Anson ( El Mundo )

viñeta de Linda Galmor