El Gobierno de Pedro Sánchez ha definido con absoluta transparencia una agenda de prioridades políticas que no son las que se corresponden con un país en crisis -sin precedentes- económica y sanitaria. Son las prioridades de un Ejecutivo de coalición que se forjó con el propósito de ejecutar un proceso de desmantelamiento constitucional, sin necesidad de modificar una sola letra de la Carta Magna.

Todo sistema constitucional se asienta en un texto escrito, salvo el británico, y en un código de conducta basados en los valores y el espíritu de ese texto. Esto es lo que se llama lealtad constitucional. Por eso, el Gobierno de Sánchez es el más desleal con la Constitución desde 1978, porque, consciente de que carece de mayoría parlamentaria y social para un cambio constitucional explícito y formal, se está dedicando al vaciamiento de los valores constitucionales con el apoyo de quienes, por definición, quieren dañar a España.

En vez de buscar las transacciones con la oposición que reclaman los ciudadanos en un estado de angustia colectiva por el Covid-19, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han cedido un milímetro ni un segundo de su acción conjunta para abrir lo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el más sincero y el menos indicado para decirlo, calificó como «crisis constituyente».

El borrador de la ley de Memoria Democrática, la reforma a la baja del delito de sedición, el golpe de mano contra el Consejo General del Poder Judicial, el asalto fiscal a las clases medias y hasta la descalificación del sistema educativo público, condenado a ser una fábrica de jóvenes sin futuro, conforman el guion de un plan sectario y autoritario contra la libertad individual, el Estado de Derecho y la concordia social.

La pandemia es una cortina de humo para colar en la «nueva normalidad» la ingeniería social a la que nunca renuncia la izquierda española, porque, en mayor o menor grado, sigue pensando que el pacto del 78 fue una concesión vergonzante al franquismo.

Su constante regreso a los años treinta del siglo pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino la declaración formal de que aún tienen cuentas que ajustar con media España. Su agenda política es, por tanto, la expresión de una estrategia que busca desterrar del código de valores sociales la independencia de los jueces, el reencuentro histórico entre españoles, la protección penal de la Constitución y hasta la fortaleza de las clases medias.

Este empobrecimiento económico, pero también político, que está viviendo la sociedad española es, para la izquierda extrema que lidera Pedro Sánchez a través de Pablo Iglesias, la oportunidad de crear un país subsidiado y sumiso.

Avisados estamos.

ABC

viñeta de Linda Galmor