Los pactos de Pedro Sánchez con el nacionalismo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y asegurarse la legislatura se saldaron ayer mismo con un sobrecoste que los españoles van a pagar de su bolsillo. La suma de las cesiones extra de Sánchez a los partidos nacionalistas supera los 400 millones de euros.

Se trata de una cifra de gasto innecesario, improductivo, injustificado, tendente solo a pagar no un precio, sino un rescate, porque se parece más a una extorsión que a una transacción. A lo largo de la historia de la democracia, todos los partidos han hecho concesiones a formaciones nacionalistas, pero solo Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez habían dado el salto a los pactos con partidos directamente separatistas, golpistas y proetarras.

Siguen en el recuerdo las negociaciones de Felipe González y de José María Aznar con la Convergencia de Pujol y el PNV de Arzalluz, pero, además de las exigencias que imponían aquellos tiempos, como una política de efectos inmediatos para entrar en el euro, en el caso de Aznar, esos pactos mantenían ciertos equilibrios de vigencia constitucional con el nacionalismo.

Ahora, esos equilibrios son un simple recuerdo, porque los interlocutores de Sánchez no son lobos disfrazados de corderos, sino lobos que hacen alarde de serlo, que se jactan de pactar sus votos a cambio de presos, de impulsar una ‘euskaldunización definitiva de Navarra’, de arrancar del PSOE cesiones que el PSOE juraba que no iba a hacer, o de financiar las políticas lingüísticas crispantes de la convivencia en Cataluña. Pactan con Sánchez los golpistas y los proetarras del Congreso, algo que Odón Elorza, obsesionado con la derecha de modo casi enfermizo, pasó por alto en su éxtasis antifranquista.

No es demagógico preguntarse qué planes de inversión, o de apoyo social o de alivio financiero podrían sostenerse con esos más de 400 millones. Es una pregunta muy razonable y oportuna en un tiempo como el actual, en el que la política social y económica del Gobierno es agónica y precaria. La actividad de la economía no garantiza el nivel adecuado para cumplir con las expectativas de ingresos anunciados por el Gobierno.

El ministro Escrivá no sabe cómo asegurar el pago de las pensiones, a pesar del aumento de los costes laborales que van a soportar las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan empleo a la gran mayoría de trabajadores.

Se penaliza el ahorro, se siembra España de peajes, la electricidad encarece en cascada todos los productos de consumo de las familias, y el Gobierno se aferra a los fondos europeos para salir del trance. Pero los nacionalistas consiguen ser inmunes a las apreturas y exigen cupos privados y acuerdos selectivos que solo satisfacen sus expectativas políticas sin redundar en el bien general.

En una situación marcada por la incertidumbre de la evolución de la pandemia, de la economía y del empleo, solo los nacionalistas consiguen tener claro lo que quieren recibir y lo que van a recibir. Las inquietudes son solo para los españoles que no tienen pulsiones separatistas, ni representan el legado de ETA, ni amenazan continuamente con volver a declarar la independencia.

Para estos, el Gobierno de Pedro Sánchez se cuida mucho de que no se enfaden y paga un precio -además del dinerario, el del acuerdo y la afabilidad- que escatima a los autónomos, a las familias, a los transportistas, a las fuerzas de seguridad del Estado y la oposición democrática. El futuro inmediato de España se está escribiendo así, a seis manos entre Gobierno, con su extrema izquierda incluida, golpistas y batasunos.

Los resultados están a la vista.

ABC