LA CÁRCEL NO ES LUGAR PARA PACTOS

Quizá no reparamos lo suficiente en la anomalía democrática que supone que el pacto de los Presupuestos de España se ate en una cárcel. El Gobierno de Sánchez es anómalo desde su origen: una moción de censura apoyada por los dos mayores enemigos de la Constitución: el populismo y el independentismo. Pero cabía esperar que se fuera separando de sus impagables hipotecas para gobernar desde la moderación.

No ha sido así y lo lamentamos. Ya es grave que el PSOE asuma el discurso económico de Podemos, basado en un pueril maniqueísmo de ricos y pobres; pero que además envíe a Pablo Iglesias a la prisión de Lledoners con la misión de atraer a la formación de Junqueras al pacto presupuestario, con tal de evitar el anticipo electoral, representa un salto cualitativo hacia el bochorno y la indignidad.

Vamos a recordar que Junqueras está acusado de liderar la rebelión que hace un año asaltó la legalidad constitucional con el objetivo declarado de quebrar la unidad del Estado y proclamar una república catalana. No consta que haya pedido disculpas por la intentona ni que apueste por el retorno al orden autonómico.

Y sin embargo su apoyo es mendigado por Iglesias en representación del presidente. Después de eso, ¿cómo puede Josep Borrell justificar ante la opinión pública internacional la retirada del estatus diplomático al delegado de Flandes en España, cuya tesis sobre la injusticia del encarcelamiento de los políticos coincide con la que defiende Iglesias, socio preferente del Gobierno?

¿De qué nos extrañamos entonces cuando medios europeos, consumidos por miembros de tribunales europeos, compran la propaganda independentista? Sánchez ha pasado de apoyar el 155 en la oposición a blanquear el separatismo porque necesita sus votos para mantenerse en el poder.

Y el precio de esa estrategia puramente personalista está siendo demasiado alto en términos de erosión democrática como para durar hasta el final de legislatura sin que sus efectos resulten quizá irreparables.

Y luego está la insolvencia económica. Acuciado por los plazos, el Gobierno envió a Bruselas unas cuentas virtuales que tenían como referencia una senda de déficit desviada en cinco décimas respecto de la actualmente en vigor. Los ingresos no cuadraban con la expansión del gasto cacareada por electoralismo, así que el Gobierno ingenió un plan B para cumplir con el ajuste estructural: subir un 20% la cotización a las rentas más altas.

Un sablazo que la ministra Valerio se había negado a conceder a Podemos. Por último, el Gobierno enmienda sus Presupuestos en su medida estrella: tras la queja de los autónomos, no repercutirá la subida del salario mínimo en un incremento de las bases mínimas de su cotización. Todos estos bandazos acreditan la improvisación que mueve al inquilino de La Moncloa, cuyo único propósito no sujeto a rectificación es alargar a cualquier precio su estancia en ella.

El Mundo