LA CAUSA DE LLANERA, ES LA CAUSA DEL ESTADO

Sorprende y decepciona la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del juez Pablo Llarena tras la demanda interpuesta contra él por Carles Puigdemont en Bélgica. El fugado de la Justicia española y otros cuatro ex consellers acusan al magistrado de falta de imparcialidad por unas declaraciones realizadas tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado febrero.

Al parecer, Llarena habría dicho algo tan ordinario y puesto en razón como que en España no hay presos políticos. Pero a la Justicia belga -sintagma que se acerca al oxímoron con decisiones como esta, sumadas a su ya tradicional desprecio a la institución de la euroorden- le ha faltado tiempo para admitir a trámite la demanda de Puigdemont, que persigue la inhabilitación de Llarena para que no pueda seguir investigándoles.

De Bélgica esperamos ya poco, pero del Gobierno de España tenemos derecho a esperar que no compre las burdas patrañas de la propaganda separatista, según las cuales Llarena quedaría invalidado como juez instructor por opinar que España es una democracia plena. Ante semejante base argumental, la ministra del ramo niega el respaldo al magistrado porque “supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.

¿Cómo va a ser ajeno a la función de Llarena explicar que en España no hay presos políticos? Bien está que el Ministerio anuncie que se personará si los tribunales belgas entran a cuestionar la instrucción del procés, pero al mismo tiempo abandona a Llarena en la absurda demanda presentada por el ex president. Aquí no cabe ensayar una distinción sutil entre actos privados y bien público.

¿Es que el departamento que dirige Dolores Delgado no se da cuenta de que la causa de Llarena es la causa del Estado, y de que defender al juez de las maniobras torticeras de Puigdemont también equivale a defender la soberanía jurisdiccional de España y la integridad de la Nación? Sospechamos que sí, y que Delgado contradice el amparo concedido al instructor por el Consejo General del Poder Judicial -y recomendado por la Abogacía del Estado- por desleal conveniencia política, puesto que así lo exige la garrafal estrategia de apaciguamiento adoptada por Pedro Sánchez.

El Mundo