LA COMPLEJIDAD DE LOS ERE

La sentencia de la primera pieza del caso ERE -quedan más de 180 en la recámara- ha dejado en evidencia a los que pensaban que todo era un montaje orquestado por la juez Alaya y los medios de comunicación de la derechona, vulgo el PP: ahora la extrema derecha o ultraderecha, a elegir, es VOX.

Durante diez larguísimos años, las terminales del Régimen andaluz han repetido esta consigna hasta la extenuación, y han vertido los escombros de la sospecha más abyecta sobre una mujer acusada de todo, incluso de ir guapa a su trabajo: en esto coincidieron el consejero Llera y la inefable Almudena Grandes.

Sin embargo, la realidad salió a flote, y la sentencia ha demostrado que hubo un plan perfectamente trazado para desviar 680 millones de euros a una empresa pública con el fin de que pudieran subvencionar los ERE que les vinieran en gana, y dejar el resto a la intemperie.

Esto último le sucedió, por ejemplo, a este periódico que tiene usted en las manos o en la pantalla del ordenador, mientras otros medios de comunicación andaluces salían agraciados con una pedrea millonaria que les permitió despedir a una parte de su personal sin gastarse un euro.

Estando todo tan claro, el problema llega cuando algunos desinformados se ponen a acusar al PSOE andaluz de financiarse con este dinero, o cuando denuncian que se han llevado toda esa pasta a sus bolsillos. Ahí no están el delito ni el problema. Porque todo es mucho más complejo. Y más grave.

El verdadero escándalo no está en el robo de una determinada cantidad de dinero, sino en el establecimiento de una red clientela que otorgaba el favor a las empresas que estaban al lado del poder, y que dejaba a las demás huérfanas de subvenciones. Esto se llevaba a cabo con precisión de cirujano para conseguir una sensación generalizada de paz social, falsa como la campaña aquella de la Segunda Modernización de Andalucía que nos hacía reír.

Andalucía era una balsa de aceite, o eso parecía, cuando los días, los meses y los años pasaban sin que se produjera ninguna huelga contra la Junta, ninguna manifestación ante las puertas de San Telmo, ninguna crítica empresarial o sindical a una Administración que conseguía de forma pertinaz unos índices de paro que duplicaban a los de otras comunidades autónomas.

Las oportunidades de emprendimiento y de crecimiento se perdían, porque ese dinero no se invertía en nuevos proyectos, sino en cerrar empresas que en algunos casos iban bien: la voracidad de los intermediarios ayudó a este suicido económico de la débil Andalucía, con la connivencia de las asociaciones empresariales y sindicales que el Régimen regaba de forma generosa.

Cuando escuchamos esas críticas de brocha gorda que reducen esta compleja red clientelar a un chusco robo, sentimos lo mismo que cuando leemos a los defensores del Régimen los panegíricos a Chaves y Griñán, dos hombres honorables injustamente tratados por la Justicia.

En ambos casos, la realidad se deforma y el asunto pierde la contundencia que ha reflejado una sentencia impecable. Una sentencia que se ha limitado a reflejar la verdad. Ni más ni menos.

Francisco Robles ( ABC )