LA CONSTITUCIÓN COMO SEÑUELO

Pensábamos que el abuso de los recursos del Estado por parte del actual presidente del Gobierno a mayor gloria de su imagen no sobrepasaría el episodio chusco del viaje en Falcon a un concierto de rock. Pero quizá aquello fue una metáfora concentrada de un estilo de ejercer el poder. No se explica de otro modo la sorpresiva voluntad de Pedro Sánchez de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos. A menudo, en los anuncios de Sánchez, la bella música de la regeneración esconde la letra del burdo tacticismo. Se trata siempre de ocultar la propia debilidad. De sobrevivir un poco más a costa de la responsabilidad y la coherencia.

Plantear una reforma exprés de la Constitución obra el deliberado efecto de eclipsar el debate sobre la tesis dudosa que dañaba la reputación del presidente. Sánchez trata de retomar la iniciativa presentándose como adalid de la regeneración, pero en vez de comparecer en el Congreso para explicar las múltiples irregularidades que rodean la consecución de un título público como es un doctorado, desvía la atención sobre Pablo Casado, a quien el aforamiento libró de estar hoy imputado, de paso que trata de apropiarse de una bandera levantada por Cs. Una táctica de supervivencia en forma de contraataque se camufla de genuino interés regenerador.

Este periódico ha criticado el abuso de un parapeto judicial -hay 250.000 aforados en España- que tantas veces ha servido para extender la impunidad y alentar la corrupción. Todos los grupos de la Cámara deberían apoyar ese objetivo, empezando por el PP, que controla la mayoría de bloqueo en el Senado. Pero las cosas no se hacen así. No se altera la Constitución para favorecer la agenda cortoplacista de un presidente acorralado al que le guía la confrontación con la oposición y no la búsqueda del consenso, como prueba su afición al decretazo.

Tampoco parece que el alcance de la reforma fuera a abrir «un tiempo nuevo», según la campanuda formulación de Sánchez, puesto que el deseo del Gobierno es retirar la protección especial a diputados nacionales, senadores y ministros que incurran en la condición de investigado por razones ajenas al ejercicio de su cargo. En la práctica, apenas cambiaría nada. Pero para lo que sí sirve es para culpar al PP de connivencia con la corrupción si no se aviene a votar a favor.

Que esta reforma constitucional tiene mucho de señuelo sin recorrido lo delata la puesta en escena de su anuncio, localizado en un acto propagandístico a favor de un Gobierno necesitado de reparar sus evidentes averías, fruto de la incapacidad o la descoordinación. Pero que un presidente esté dispuesto a cambiar el diseño del Estado con tal de ganar tiempo y hacer electoralismo revela una inquietante falta de sentido institucional. Nos hace preguntarnos si hay algún límite que Pedro Sánchez no esté dispuesto a traspasar con tal de mantenerse en el poder.

El Mundo