LA CORONA NO ESTÁ EN CUESTIÓN

La Monarquía es la institución sobre la que pivota todo el sistema político-institucional que nos dimos los españoles con la aprobación de la Constitución en 1978. No hace falta subrayar la singularidad e importancia de la Corona, lo que otorga a sus miembros, en especial a su titular, una especial protección imprescindible para el ejercicio de un rol cualitativamente distinto al de cualquier otra institución del Estado.

Así lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en varias sentencias para justificar por qué el Rey debe ser acreedor de un «respeto» máximo. Así ocurre también en todas las monarquías parlamentarias de nuestro entorno.

Todo ello es clave para entender por qué la Carta Magna consagra la inviolabilidad del Monarca, cuyas actuaciones no pueden ser objeto de control por parte de otro órgano tan primordial como el Parlamento. De ahí que la campaña emprendida por varios partidos para exigir una comisión de investigación contra el Rey Juan Carlos en el Congreso sea tanto una irresponsabilidad como un intento estéril que choca contra el ordenamiento, tal como admiten con razón los dirigentes socialistas.

Las formaciones independentistas que tienen a la Corona en la diana desde hace tiempo, por cuanto simboliza la unidad y permanencia de la nación, no pierden ocasión para intentar desgastar a la institución. Pero lo grave es que les secundan en el propósito Podemos e Izquierda Unida, que hoy forman parte del Gobierno de coalición de España, y que, por ello, debieran abandonar el activismo sectario y adoptar una prudencia institucional a la hora de afrontar el último episodio que salpica al anterior Jefe de Estado.

Las delicadas noticias y las declaraciones de partes interesadas que estamos conociendo estos días tienen un innegable interés para la opinión pública, por lo que todos los medios nos hacemos eco de ellas. Pero solo compete a la Justicia determinar su veracidad.

Y cabe subrayar que las últimas acusaciones muy sensibles que afectan a Juan Carlos I -en una etapa en la que aún era Jefe del Estado y, por tanto, insistimos, inviolable- están siendo investigadas por diferentes órganos jurisdiccionales, tanto en Suiza como en nuestro país.

De ahí que sea necesario extremar la cautela y quepa insistir en el vergonzoso ventajismo de los socios de Sánchez al pretender abrir una causa general de confesado propósito destituyente en vez de esperar a que se pronuncien los jueces.

Un juez de la Audiencia Nacional ya ha reclamado a la Fiscalía suiza todos los datos de los que disponga a raíz de su investigación en marcha por un presunto delito de blanqueo que señala a Corinna Larsen, antigua amiga íntima de Don Juan Carlos. Y fiscales anticorrupción también investigan en nuestro país posibles comisiones irregulares en la adjudicación del AVE a La Meca.

La ex princesa, en su estrategia de defensa, asegura que el hoy Rey emérito le hizo una donación millonaria a través de una cuenta en un paraíso fiscal, aunque niega las mordidas. Con anterioridad, ha realizado declaraciones bien distintas sobre los mismos hechos, lo que, como mínimo, lleva a dudar de sus palabras.

Ya en 2018 la Audiencia Nacional investigó las cintas de Corinna en las que acusaba a Don Juan Carlos de tener cuentas en Suiza y archivó el caso por falta de pruebas y escasa consistencia de los testimonios. Que trabaje, pues, la Justicia.

No caigamos en la trampa de dar por buenos todos los términos de un escándalo con el que se frotan las manos quienes atacan la Corona como paso previo necesario para dinamitar el orden constitucional.

El Mundo