Después del «Caso Guerra», surgieron cantidad de casos en cascada, muchos de él derivados. No hubo muchas pausas, al principio, sin contar a los alcaldes y otros políticos del rango inferior condenados por la misma causa. Por eso la necesidad de hallar un doctorando, con un doctor valiente de director ya en la Facultad, que se atreviera a dirigir y presentara al doctorando con una tesis de esta naturaleza y diera las mejores conclusiones.

Los socialistas están en el poder, y tienen bula para hacer lo que les dé la gana como siempre. O al menos, hasta ahora eso se creyeron. Y que nadie les saque las vergüenzas que sólo las tienen en ese caso, tampoco les iba a gustar, menos con el rigor y publicidad de un trabajo académico. La corrupción que podamos ver del psoe, es sólo la punta del iceberg. Su causa principal es la impunidad, su consecuencia, todo lo que hay detrás.

Sería interesante saber qué motivó tanta incalculable corrupción; los casos de cada presidente por año, y orden cronológico, desde Felipe González; conocer a fondo los personajes y los hechos, que es la historia. (Una pauta para un futuro doctorando).

Creación de cuadros sinópticos, o de conceptos, como formas de expresión visual de ideas, en una estructura lógica de la información, cual estrategia organizativa de contenido sencilla y condensada.

Muy importante el porqué de esta catarata sistemática de corrupciones, superior a todos en el PSOE, que introdujeron en España este fenómeno que atenta contra uno de los principales Derechos Humanos, y nadie se preocupa: de lo contrario, hubiera estado repartido el dinero público robado en los bolsillos de los españoles como sería lo justo, y lo que Dios manda.

Pero para los socialistas no hay más dioses que ellos mismos con su perversa y sectaria ideología; los demás no tienen derecho ni a la vida, y por eso nada material, ni espiritual en lo que no creen, les pertenece.

El Caso Pujol, conmocionó Cataluña, esta vez permitido por todos los gobiernos de distinto signo, se presenta como uno de los más escandalosos, junto a los ERE de Andalucía propios del largo gobierno socialista en esta región. Pujol reconoció en 2015 que había ocultado varios millones del fisco.

El Caso de los ERE por su profundidad y duración está considerado el mayor caso de corrupción de Europa. El caso ERE (acrónimo de expediente de regulación de empleo), también llamado escándalo de los ERE en Andalucía, o caso del fondo de reptiles, hace referencia al procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el (PSOE) entre 1980 y 2018, y de los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (A su vez, U.G.T.) encausada en el «caso U.G.T. de Andalucía» por malversación de 680 millones de euros para financiarse ilegalmente; está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción, n.º 9 de Sevilla.

Entre esos años faltan varios ejercicios sin cuantificar, y se estima que dicha cantidad puede alcanzar los mil millones de euros.

La mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusado por delitos de corrupción política. En la década previa al destape del caso, la Junta de Andalucía está acusada de diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno del PSOE-A.

La patrimonialización de la Junta de Andalucía por parte del PSOE-A llegó hasta el punto de incumplir con la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el proceso judicial, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero.

Asimismo, el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz ocultó a la Justicia documentos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convertiría en la agencia pública «IDEA» (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), entre los que figura un convenio firmado en 1999 por el vicepresidente de la empresa Campofrío y el exdirector general del IFA, para la concesión de ayudas ilegales y en la que participó la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y actual vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, que prueban el fraude de los ERE.

De este fenómeno de Andalucía se ignora si tendrá que ver con el calor del sur, y espíritu de los andaluces, o desde luego refleja y retrata a los socialistas en su esencia: depravados, puteros, ladrones y sinvergüenzas.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, señala la ausencia de control en la ejecución del gasto presupuestario por parte de la Junta. En el informe de 2017 se detectan que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar.

En España las administraciones públicas destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas con una «ausencia de planificación estratégica en las políticas públicas», sin coordinación y sin evaluación de la eficiencia del gasto.

Los partidos políticos conceden líneas de subvenciones a fondo perdido y sin competencia, a los particulares que éstos quieren. El sindicato más representativo del Cuerpo Técnico de Hacienda de la Administración General del Estado (Gestha), reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez, la falta de control del gasto público.

El grupo de las «macrocausas» investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya instrucción fue inicialmente por la juez Mercedes Alaya y, tras ser apartada del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, fue sustituida por la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de «pasividad evidente» ante las prescripciones de los hechos de numerosos ex altos cargos.

Fígaro ( El Correo de España )