LA DEGRADACIÓN DE LA ECONOMÍA YA ES UN HECHO

Más allá de desmentir el paraíso prometido por el independentismo, el grave daño económico que Puigdemont está haciendo a Cataluña es una herida que tardará en cicatrizar cuando la legalidad vuelva a proteger a los ciudadanos y empresas catalanas. Además de la fractura social y de haber sumido a los catalanes “a merced de un poder que no reconoce límite alguno” -tal como recoge la sentencia del Tribunal Constitucional que ayer anuló la Ley del Referéndum-, el severo perjuicio que el Govern está causando a Cataluña podría justificar por sí solo la aplicación del artículo 155. Urge restablecer el orden constitucional antes de que la factura del golpe separatista desborde a una economía que, aunque crece con vigor, todavía no ha superado del todo la crisis.

La desbandada de empresas y bancos que se ha producido en Cataluña desde que la Generalitat decidió dar por bueno el resultado de su ilegítimo y chapucero referéndum revela la gravedad de lo que está ocurriendo. Los datos son elocuentes. Como publicamos hoy, en días críticos para el procéslas empresas han llegado a ejecutar hasta 20 traslados de sede por hora (dentro del horario de apertura del registro) para tratar de salvaguardar los intereses de sus accionistas, trabajadores y clientes.La patronal Exceltur ha alertado que Cataluña ha perdido el 15% de su actividad turística desde el 1-O y de seguir así, el sector aportará este año una décima menos de lo habitual al PIB español. También Seat, uno de los motores de la industria catalana, se ha visto obligado a retrasar sine die la presentación de su todo camino. La situación es de tal gravedad que el presidente de la patronal catalana considera que harán falta cinco años para volver a la normalidad económica en Cataluña.

Sin embargo, no nos debemos llevar a engaño. El resto de España también va a sufrir un daño económico importante. Así lo ha reconocido ya el Gobierno en el plan presupuestario que ha enviado esta semana a Bruselas, en el que se ha visto obligado a modificar en tres décimas a la baja su previsión de crecimiento para 2018 por la inestabilidad política.

Cataluña representa cerca del 20% del PIB español. Para evitar que el independentismo termine de resquebrajar su tejido empresarial e industrial es imperativo que el Govern vuelva a la legalidad. Sin seguridad jurídica no hay empresas, ni prosperidad. Una democracia no puede permitir que un grupo de antisistema tome como rehenes a los empresarios y ciudadanos. El Estado debe restablecer el orden legal en Cataluña cuanto antes porque cuanto más se demore, más alto será el coste del procés para todos.

El Mundo