LA DESCONSTRUCCIÓN

No se trata de la letra, ni del articulado. La fundada inquietud por el futuro de la Constitución que suscita el Gobierno en ciernes tiene que ver con la ruptura del pacto fundacional en que se ha basado la convivencia política y social de los últimos cuarenta años.

Ese acuerdo transversal y ampliamente mayoritario, que fue el fundamento de la creación del régimen de libertades, va a ser sustituido por un modelo unilateral de fuerte tinte sectario. Un proyecto frentista que recuerda demasiado al del período republicano, cuya legitimidad saltó en pedazos en el momento en que dividió a los españoles en dos bandos.

El éxito de la Transición, ahora tan cuestionada, consistió precisamente en la superación del conflicto histórico mediante un consenso de Estado en el que las diferentes ideologías se reconocían mediante un mutuo compromiso de respeto democrático.

La alianza de la izquierda y el separatismo significa el desistimiento de ese contrato para volver al duelo de bloques sin punto de encuentro y por tanto destinados a un choque irreversible y destemplado. El espíritu de la Carta Magna quedará extinguido sin necesidad de reformar su texto ni de derogarlo: simplemente a través de la supresión del espacio sobre el que se había construido un sistema moderado que preservaba las bases de la concordia a salvo de cambios traumáticos.

El factor clave de esta preocupante metamorfosis es el desplazamiento objetivo del PSOE, el partido que durante más tiempo había encarnado la representación del orden constitucionalista en el Gobierno y al que Pedro Sánchez conduce hacia un paradigma nuevo que desdeña la natural tendencia socialdemócrata a ocupar el centro.

Pudiendo concertar con el PP y Ciudadanos una sólida mayoría reformista al estilo europeo, ha elegido la estrategia de convergencia rupturista que preconiza Podemos: un consorcio con todos los adversarios de la Constitución que en la práctica supone el inicio de un proceso encubierto de centrifugación de la soberanía nacional y de desmontaje del actual ordenamiento.

No es especulación alarmista: está firmado en los diferentes convenios que el presidente ha suscrito para asegurarse el apoyo de comunistas, nacionalistas y secesionistas insurrectos. Unos documentos que dinamitan el concepto de Estado-nación, soslayan el protagonismo cenital del Parlamento, socavan la vigente estructura jurídica y viran dramáticamente la política española hacia un extremo. El nombre de Frente Popular tiene ecos siniestros pero en términos estrictos se trata de eso.

Es posible que Sánchez no termine de ser consciente porque le falta pensamiento abstracto: vive para el instante, para su ambición inmediata, para el corto plazo. Pero sus socios sí saben dónde quieren ir y tienen un designio trazado. Su plan es público y diáfano: con ellos no se engañará más que quien quiera llamarse a engaño.

Ignacio Camacho ( ABC )

viñeta de Linda Galmor