El seísmo de La Zarzuela ha coincidido con el informe Pisa que dice que los alumnos españoles de 15 años están a la cola de Europa en comprensión lectora. Ante un futuro de analfabetos con título universitario, los argumentos agonizan. Es la hora de los clichés.

Por lo tanto, el verdadero destierro del Rey Emérito no tiene su escala final en el ostracismo, sino en la inopia de España. El supremacista Torra, heredero del clan del «tres per cent», convocó ayer un Pleno del Parlamento de Cataluña, con el Covid devorando su costa como las olas muerden la historia en Ampurias, para patrocinar la abolición de la Monarquía y proponer la abdicación de Felipe VI, a quien sus oponentes tampoco reconocerán su pulcritud en la gestión del caso de su propio padre, mucho más drástica que la de cualquier institución o partido político en otros asuntos que sí están judicializados.

El silogismo es sencillo: según la doctrina que Torra quiere aplicar en el caso del Rey Emérito, la banda de los Pujol, cuyo patriarca sí dejó en herencia a sus hijos un sistema de latrocinio multimillonario, tendría que haber desembocado ayer en su dimisión y en la disolución de la Generalitat.

Y con la misma lógica deductiva se infiere que la reclamación del vicepresidente segundo Iglesias para que Felipe VI dé explicaciones en el Congreso es sobre todo una solicitud a sí mismo. Si lo que sale de los archivos del excomisario Villarejo basta para tener que adoptar este tipo de medidas, Iglesias tiene procesalmente hablando muchos más motivos para someterse al escrutinio del resto de diputados y aclarar qué hizo con la tarjeta telefónica de su asesora Dina Bousselham.

¿O las revelaciones del presidiario Villarejo y sus amigos son ciertas cuando ponen en tenguerengue a los adversarios y falsas cuando afectan a los camaradas? Está muy bien que se exija transparencia y asunción de responsabilidades. Pero hay que predicar con el ejemplo. O todos moros, o todos cristianos.

El problema es que España está vertebrada actualmente por sectarios y antisistemas. Los gobernantes del Pisa. Gente que no es ejemplo de nada construye discursos rimbombantes sobre la ejemplaridad. Y eso nos lleva a distorsiones como que la presunción de inocencia sea sacrosanta cuando les beneficia y un lastre cuando se aplica a sus antagonistas.

La podemita Teresa Rodríguez, que es profesora de instituto, ha escrito este tuit sobre Juan Carlos I: «Para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo».

Que Dios ampare a sus alumnos. Porque esta es la verdadera esencia de los populistas: las normas son sólo veleidades, herramientas antojadizas. En sus ensoñaciones autoritarias, el poder está por encima de la ley. La inocencia de sus contrarios ha de demostrarse. Esa es la prueba de cargo de su naturaleza antidemocrática. Todo enemigo es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Todo amigo es inocente aunque se demuestre lo contrario.

Esta aberración es la que ha llevado a los ayuntamientos en los que populistas y nacionalistas tienen mando a suprimir de sus callejeros a Juan Carlos I. Ha pasado ya en Gijón, Vitoria y Pinto. La siguiente ciudad en sumarse será Cádiz, donde también han borrado de la historia a José María Pemán.

Al fin y al cabo, las nuevas generaciones no saben leer según los datos oficiales. Así que al escribir esto corro el riesgo de que los fanáticos del Pisa no entiendan que es un alegato de nuestro sistema de libertades y que la Corona es uno de sus pilares de carga.

Todas las garantías protegen por igual a quienes las promovieron y a quienes las combaten: al Rey Emérito, al vicepresidente, a los Pujol, a los separatistas y al sursuncorda.

Alberto García Reyes ( ABC )

viñeta de Linda Galmor