LA EDUCACIÓN NO PUEDE FUNCIONAR CON 17 SISTEMAS

España funciona de facto con 17 sistemas educativos diferentes. Cada uno con su currículo particular, con su normativa diferenciada y su peculiar forma de financiación. Así, al menos, lo denuncia la Asociación Nacional de Editores de Libros que señala a la actual ley educativa, la Lomce, de ser la responsable de que existan 17 ediciones específicas para cada materia y para cada curso.

En total casi 11.000 libros de texto distintos. Una realidad que da cuenta del fracaso colectivo que representa la Educación en nuestro país, donde cada comunidad autónoma utiliza las herramientas que le permite una ley mal concebida para encargar libros a la carta que recojan elementos de su identidad regional en materias tan poco dadas a la interpretación como las matemáticas. Al menos, un 30% del contenido de los libros de texto es diferente en cada autonomía.

Ayer, en un acto de cinismo que poco sorprende ya en miembros de este Gobierno, la ministra Isabel Celaá intentó minimizar el problema y reducir a “cuatro o cinco” editoriales las que editan libros de texto escolares, cuando la realidad es que existen alrededor de 50. Por esta razón, editores, padres y familias han pedido al Gobierno que tome cartas en el asunto, imponiendo un solo libro de texto por materia al que se incorporen como anexo los contenidos propios de cada comunidad. Esa fórmula, además de introducir coherencia y uniformidad en los contenidos que se imparten en toda España, representaría un considerable ahorro para las familias, que verían abaratado en al menos un 20% el coste de los libros de texto.

Sorprende que el Ejecutivo de Sánchez se haya mostrado dispuesto a revisar los libros de texto para eliminar posibles contenidos sexistas y argumente en esta ocasión que la Educación está transferida, declarándose incapaz de racionalizar esta disfunción, que repercute negativamente en la calidad del sistema educativo y en la formación de nuestros estudiantes, cuyo nivel dependerá del lugar en el que le toque estudiar. Es una locura que libros que se utilizan en una comunidad autónoma sean inservibles en otras.

O que, con motivos que exceden lo estrictamente formativo, las consejerías autonómicas de Educación se inventen nuevas asignaturas y obliguen a los alumnos a comprar manuales de, por ejemplo, Cultura Asturiana o Cultura Digital. Nuestro país necesita con urgencia un Pacto de Estado que elabore una ley consensuada de Educación, que además de estable sirva para formar y educar a los ciudadanos del futuro y a unos jóvenes que tendrán que encontrar su sitio en un mercado laboral globalizado y cada vez más competitivo. Seguir promulgando y derogando leyes educativos con el sello de cada partido político es una irresponsabilidad que está provocando que España se encuentre siempre a la cola en los ránkings internacionales que evalúan la calidad educativa.

Resulta paradójico, además, que un instrumento idóneo para articular la integración territorial como es la Educación, sirva en nuestro país para lo contrario, para dividir y establecer diferencias entre los ciudadanos. Es necesario que determinados contenidos sean estrictamente iguales para todos los alumnos en todas las CCAA.

El Mundo