La huelga convocada por el profesorado madrileño a unos pocos días del comienzo del curso escolar es un enorme acto de irresponsabilidad, inadmisible en quienes tienen el deber de garantizar el funcionamiento de un servicio básico y esencial como es la Educación.

Como el resto de trabajadores hacen cada día, los profesores deben asumir la excepcionalidad de la situación provocada por la pandemia y asumir que no existe el riesgo cero ni se va a poder asegurar nunca un entorno de trabajo cien por cien seguro.

Si el resto de los profesionales, tanto del sector público como del privado, actuaran de igual forma, se provocaría un colapso en hospitales, medios de transporte, fuerzas de seguridad, bomberos o cadenas de alimentación, donde se trabaja siguiendo las medidas de prevención recomendadas, pero con la inevitable inquietud que genera un virus altamente contagioso.

Los sindicatos docentes saben que sus exigencias de máximos son inasumibles por el presupuesto de nuestro sistema educativo, que a pocos días del inicio de las clases ni puede doblar la plantilla actual de profesores o limpiadores, como exigen, ni tiene capacidad para habilitar nuevos espacios que permitan rebajar la ratio de alumnos por clase a la mitad y posibilitar que se cumpla la distancia mínima.

La actitud del colectivo de profesores -que sospechosamente se dirigen a la consejería de Educación madrileña incorporando consignas políticas a sus reivindicaciones en lugar de plantear sus exigencias a la ministra Celaá– es coherente con la falta de voluntad de colaboración demostrada hasta ahora.

Cuando a finales de mayo se retomaron las clases en muchos países europeos, ellos se resistieron a volver, de la misma forma que se negaron a dar clases de refuerzo en verano. Ahora, pretenden que no se inicie el curso escolar, aunque con ello se vea vulnerado el derecho a la Educación de más de ocho millones de alumnos.

Una insensatez para la que están encontrando apoyo en algunas asociaciones de padres que amenazan con el absentismo de sus hijos si no se garantizan unas condiciones de seguridad absolutas, algo irrealizable debido a las particularidades de cada centro y a la naturaleza de la amenaza sanitaria.

Tanto unos como otros saben que aquello que es imposible de lograr se convierte en un desiderátum.

Es cierto, no obstante, que el Ministerio de Educación, demostrando una vez más su negligencia y su incapacidad para adelantarse al desarrollo de la pandemia, no ha elaborado aún un protocolo básico por el que puedan regirse las comunidades autónomas.

El Gobierno, según adelantó este periódico, está en estos momentos modificando el documento aprobado el 22 de junio, que tendrá que estar terminado antes de la Conferencia de Presidentes que se celebrará antes de final de mes entre el Gobierno y las CCAA.

El constante aumento de nuevos de contagios, de ingresos hospitalarios y de muertes suponen un desafío para toda la sociedad y en especial para la Educación.

Pero convocar una huelga solo conseguirá impedir que se reanuden las clases.

El Mundo