Se acerca el 4 de julio, el día que, coincidiendo con el Día de la Independencia de los EE UU, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pretenden ofrecer los detalles de la organización de la consulta separatista del 1 de octubre y de las supuestas garantías legales que pondrá en marcha la Generalitat de Cataluña. Antes de este martes, el Gobierno catalán debe garantizar que tiene lo básico para realizar la consulta: las urnas. Eso sin hablar del censo, de la participación de funcionarios y de los locales donde hacer la consulta.

Después de suspender el concurso de compra de urnas, el Gobierno ahora trata de buscar fórmulas. La que está cogiendo peso en las últimas horas es la compra sin concurso público, una fórmula jurídica de «procedimiento de urgencia». Esta opción tiene un inconveniente.

La compra debe ser autorizada por el Consell de Govern con el aval del conjunto del Ejecutivo que preside Puigdemont. Por tanto, el Gobierno catalán debería asumir, en conjunto, las consecuencias legales. Hasta ahora, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, junto al secretario de la Consejería, ha sido la única consejera investigada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si el Gobierno catalán asume como colectivo la compra de urnas, sería todo Govern el que debería afrontar estas consecuencias legales.

Toñi Bolaño ( La Razón )