LA GUERRA DE SÁNCHEZ

Ningún país de la Europa democrática ha recurrido a leyes de excepción contra el coronavirus. Salvo España. Han legislado alarmas ordinarias dentro de sus constituciones. ¿Por qué España es una excepción a eso? Es la pregunta política de verdad grave.

La excepcionalidad es un supuesto constitucional. Hay extremos en los cuales la ley queda desbordada. Ante la amenaza de muerte, al ciudadano lo acoge la legítima defensa. Ante una insurrección, no hay Estado que no suspenda derechos.

La Constitución de 1978 contempla, en su artículo 116, tres escalones en ello: «alarma», «excepción» y «sitio». Para oponer eficaz resistencia a amenazas no conjurables de otro modo. La ley orgánica del 6 de junio del 81 los codifica: «Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios».

Dos condiciones rigen, pues, ese eclipse constitucional: a) lo «extraordinario» del riesgo; b) la imposibilidad de combatirlo con los «poderes ordinarios», esto es, con las leyes y garantías habituales. Esa doble condición pone la ambigüedad que, en la «excepción», tanto atrajo a los ideólogos autoritarios. No sólo a los fascistas.

Y la respuesta que el jurista de cabecera de Hitler, Carl Schmitt, da a la pregunta acerca de qué sea el soberano, fundamenta todas las lógicas totalitarias: «Soberano es aquel que tiene el poder de decidir acerca de la excepción», en los diversos grados que los textos constitucionales fijan bajo distintos nombres. En España: «alarma», «excepción», «sitio». La salvación del Estado se erige en prioritaria.

La pandemia actual cumple la condición a): «circunstancia extraordinaria». ¿Cumple igualmente la b): el «imposible mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios»? Es a esta doble interrogación a la que habremos de enfrentarnos. Bien entendido que no basta una sola de ambas determinaciones para legitimar la aplicación del artículo 116.

Y que, en ausencia de una de ellas, su aplicación no pasaría de dar máscara constitucional a un golpe de Estado. No, no es imprescindible la atenuación constitucional que el estado de alarma impone, ni para regular el confinamiento ni para legislar ayudas económicas. Eso es mentira. Ninguna democracia europea lo ha hecho. Y ninguna ha tenido peores resultados que nosotros.

Y es que, si Sánchez ha sido el único gobernante que en la UE suspendió derechos constitucionales, no ha sido para luchar contra el coronavirus. Su guerra es otra. Que pasa por ocultar los miles de muertos que pesan sobre quienes, para no incomodar a las manifestantes del 8 de marzo, aplazaron dos semanas el confinamiento.

Que pasa por amordazar a los medios de prensa. Que pasa por borrar el abandono de los viejos. Que pasa por bombardear a las autoridades locales -las de Madrid, sobre todo- que no se hayan plegado a su juego. Vida o muerte nunca cuentan mucho cuando el poder está en juego.

Gabriel Albiac ( ABC )

viñeta de Linda Galmor