Muy poco se habla sobre el futuro de las pensiones en España. Hace tiempo, con la izquierda en la oposición, las manifestaciones por unas pensiones dignas recibieron un apoyo y seguimiento mediático considerables; hoy contamos con un Gobierno de coalición pomposamente autoproclamado como progresista y defensor de lo público pero que poco se diferencia en sus propuestas de las planteadas en distintos momentos por la derecha.

Al ministro Escrivá no ha sido extraño escucharle apelar a la necesidad de importar más inmigración (o sea, lo que ya se hizo en tiempos de Aznar) y de apostar por combinar las prestaciones públicas con planes de pensiones privados (como defiende, ¡sorpresa, sorpresa!, Vox).

Las hemerotecas y la Estrategia España 2050 no engañan: el Gobierno de Partido Socialista y Unidas Podemos no está trabajando por salvar el Estado de Bienestar, sino que están subidos al carro de ese discurso tan Agenda 2030 que viene a decirnos que debemos conformarnos con poco para ser felices de verdad; eso sí, esa filosofía del desapego no parece extensible a la clase política, porque desde que están en el Gobierno los herederos del 15-M ha ocurrido lo mismo que durante su paso por otros niveles de la Administración pública: los privilegios y chiringuitos no se tocan lo más mínimo.

Tampoco debería sorprendernos: ¿Cuándo fue la última vez que Pablo Iglesias utilizó la palabra ‘casta’ en una entrevista o intervención parlamentaria?

Habrá quien plantee que el salario mínimo interprofesional ha subido varias veces desde que Pedro Sánchez duerme en un colchón nuevo en el Palacio de la Moncloa, en contraste con las ridículas y raquíticas subidas que tuvieron lugar durante la etapa de Mariano Rajoy, y que los españoles debemos estar agradecidos, a pesar de que en ambos casos las decisiones han estado respaldadas por las instituciones supranacionales de turno.

Omiten quienes piensan así que esas subidas salariales son algo muy popular de cara al público pero cuyos efectos no paga el Gobierno debido a que, al subir los salarios mínimos, también suben las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social y la cantidad a declarar anualmente por el trabajador ante Hacienda, es decir, que la cantidad que el trabajador cobra de más termina yéndose al final a las arcas del Estado o devorada por las subidas de precios que acompañan a estas medidas; estas subidas de precios, por otra parte, también perjudican a los desempleados y trabajadores con salarios superiores al mínimo, que ven mermado su poder adquisitivo.

Porque ahí está la clave de todo esto: el poder adquisitivo. Hace décadas no era extraño mantener una familia con un sueldo; ahora, aunque los hogares cada vez tengan menos miembros, llegar a fin de mes se ha convertido en un reto desde mucho tiempo atrás, antes incluso de que los tanques rusos cruzaran la frontera ucraniana o de la crisis sanitaria.

No entraremos en el debate sobre si el Estado de Bienestar es una conquista de los trabajadores o una reformulación del modelo capitalista para salvaguardar su estructura frente a posibles revoluciones e inestabilidades.
Lo que sí está claro es que hoy su existencia garantiza la de muchas personas, ya sea por haber agotado su vida laboral o por incapacidad para formar parte de la población ocupada y productiva; respecto al primer caso, los avances médicos garantizan que la gente cada vez viva más tiempo, y respecto al segundo, delata que un porcentaje demasiado elevado no tiene o encuentra su lugar en el ámbito laboral privado y necesita de la asistencia estatal para salir adelante.
Dado que el número de futuros pensionistas aspira a aumentar al tiempo que el de futuros contribuyentes no parece ser estadísticamente el necesario, hay razones de sobra para temer que lo que en su momento era positivo y necesario se convierta de aquí a medio plazo en una trampa. ¿Qué ocurrirá si no se revierte la pirámide poblacional y los cotizantes habidos son insuficientes para abonar las pensiones demandadas y cotizadas?
Por fortuna, todavía es pronto para saberlo. Estamos a tiempo de revertirlo, pensando y obrando a largo plazo. El problema es que al frente de los diversos organismos, tanto desde la Unión Europea como del más pequeño de los ayuntamientos, no parece existir interés por pensar más allá de la presente legislatura.
Y, aunque no lo parezca, la ejecución de la hipoteca del Estado de Bienestar está más cerca de lo que parece.
Gabriel García ( El Correo de España )