La guerra civil desatada en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no solo es inédita, descarnada e impensable por muchas discrepancias internas que existan, sino que además ya resulta irreversible, sin marcha atrás. Este jueves las comparecencias públicas del secretario general del partido, Teodoro García Egea, apenas dos horas después de la de Díaz Ayuso, fueron una constante acusación de deslealtad, crueldad y animadversión entre la dirección nacional y la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La inconcebible acusación de corrupción contra ella por haber favorecido supuestamente a su hermano en la contratación de mascarillas durante la primera fase de la pandemia a cambio de una comisión de 280.000 euros para él, aparte de las sospechas de espionaje de Génova a Ayuso, son un acto de empecinamiento destructivo que ha reventado el partido.

Resulta alarmante una organización donde se suceden filtraciones sobre supuesta corrupción de uno de sus principales activos, sin pruebas decisorias en su contra, por el mero hecho de haberse convertido en una adversaria interna. Lo que empezó como una mera lucha de ambiciones, con sus consiguientes egos, ha derivado en el desprestigio de la marca electoral.

El daño mutuo que se han hecho es brutal, y el votante del PP asiste con incredulidad, e incluso con desprecio, a este episodio, que no es un incendio al uso, sino la ruptura última entre Casado y Ayuso. Tan grave es la crisis, que debió ser Casado, y no Egea, quien diese la cara personalmente porque es el presidente de un partido en quiebra técnica. Si la estrategia, el mensaje, la ofensiva y las decisiones son de Casado, no hizo bien en esconderse cuando más abiertamente está cuestionado su liderazgo.

Todo se basa en una lucha de poder que durante los últimos meses ha dado lugar a intoxicaciones informativas, manipulaciones políticas, medias verdades, y una falta de respeto absoluta al militante, al que han dividido en bandos, porque lo que menos importaba era el proyecto nacional de un partido en refundación tras la moción de censura de 2018. Lo de más era eliminarse mutuamente a toda costa. ABC conoció hace meses algunas de las acusaciones contra la presidenta madrileña, por cierto, sin que existieran pruebas solventes.

Pero al no existir demostraciones palpables de nada, ABC se negó a publicarlas para no ser cómplice de campañas de intoxicación a sus lectores. La corrupción no parece ser el fondo real de esta pugna, sino solo la coartada, porque lo sustancial es la erradicación del adversario, y en definitiva y según vamos conociendo, impedir que Díaz Ayuso llegue a ser presidenta del PP madrileño.

Por eso García Egea dejó en el aire la expulsión de Ayuso del partido. No obstante, la renuncia este jueves de Ángel Carromero, hombre de confianza de Casado en el Ayuntamiento de Madrid, demuestra que el espionaje a Ayuso sí se encargó desde Génova, lo cual es de una enorme gravedad que señala directamente al propio Casado y obliga a saldar responsabilidades. Carromero es una figura menor, un fontanero más dispuesto a ejercer las tareas más infectas desde la oscuridad de su posición, hasta el punto de dañar la reputación de uno de los símbolos electorales del partido.

Ya parece ser tarde para que Casado y Ayuso se encierren a solas a pactar unas mínimas normas de convivencia por un proyecto unitario antes de que la fuga en masa a Vox sea mayor. Es la hora de las responsabilidades, de las dimisiones. La responsabilidad alcanza directamente al gestor de toda esta crisis, que lleva meses preparando una operación que al final no ha sido capaz de controlar.

A Egea le han detonado la bomba contra Ayuso desde fuera y se le ha vuelto en contra. Es hora de que se vaya. Casado debe entregar la cabeza de su secretario general y a partir de ahí recomponer las distintas relaciones e interlocuciones, no solo con Ayuso. Si no lo hace, difícilmente recuperará el impulso necesario para retomar el rumbo del PP y poder reclamar a Ayuso un ‘quid pro quo’ con Miguel Ángel Rodríguez.

Asunto distinto es que la presidenta reconociera este jueves que su hermano se benefició de un contrato con la administración autonómica durante la pandemia. El contrato, asegura, es plenamente legal y a precios de mercado, y según la presidenta no hizo nada para favorecerlo ni supo que su familiar era interesado en la operación, puesto que lleva décadas intermediando en el sector sanitario.

De momento, no existen evidencias para dudar de la palabra de la presidenta, y si en algún momento las hubiera será causa para investigarse en los ámbitos parlamentarios y judiciales. Bueno es, en todo caso, y por una mínima transparencia, que el asunto se haya conocido.

Mejor habría sido hacerlo público en su momento, y de esta manera se habría evitado la coacción que según ella le ha practicado su partido.

ABC