LA INFAMIA QUE YA DURA UN AÑO

Hoy se cumple un año del golpe parlamentario que, bajo el pretexto de proclamar unas leyes de desconexión tan pomposas como inicuas, inauguraron la fase de ruptura con la legalidad constitucional y laminaron los derechos políticos de la mitad de Cataluña. Aquellas jornadas infaustas, sin precedentes en una cámara parlamentaria de ninguna democracia europea, siguen alimentando la realidad alternativa en la que vive el separatismo pero en la práctica solo han deparado inestabilidad económica, fractura civil y consecuencias penales para sus inductores.

Un año después España tiene otro presidente del Gobierno y la Generalitat otro president, pero la parálisis política continúa, la retórica inflamada se reanuda, los indicadores económicos cuantifican el daño específico para Cataluña y el deterioro institucional se cronifica con el cierre del Parlament y su sustitución por la agitación en las calles y la propaganda en los medios controlados por el independentismo.

Frente al desafío, Pedro Sánchez, que accedió al poder con los votos de los independentistas, adoptó la estrategia del apaciguamiento. Levantó el control extraordinario de las cuentas de la Generalitat, prodigó gestos de distensión a través de Meritxell Batet y Miquel Iceta, invitó a Torra a Moncloa, activó la vía bilateral, se comprometió a retirar los recursos de inconstitucionalidad contra leyes catalanas -hoy mismo se reúnen a tal efecto Elsa Artadi y el secretario de Estado de Política Territorial- y ha ofrecido un referéndum de autogobierno para un nuevo Estatut.

Pero ninguna de estas concesiones ha servido para apaciguar a Torra, que llama a tomar las calles y proclama desafiante que no solo no dará un paso atrás sino que no descarta abrir las cárceles si los políticos procesados resultan condenados.

EL MUNDO ha advertido siempre de que el nacionalismo es insaciable, congénitamente desleal. Pero ningún presidente español que accede al cargo se abstiene del adanismo de tropezar personalmente en la misma piedra. La única esperanza del constitucionalismo es que Sánchez haya hecho todo lo que ha hecho -incluyendo la humillante adopción del marco mental del supremacismo cuando afirmó que los catalanes no habían votado este Estatuto- para cargarse de razones por las que aplicar de nuevo el 155.

En este contexto, no se entiende la decisión de Ana Pastor, presidenta del Congreso, de invitar a Torra a la sede de la soberanía nacional para exponer allí sus ideas. Se trata de un gesto más bien ingenuo, de puro bienintencionado, que además se desmarca tanto del Gobierno como de su partido, pues a Pablo Casado no se lo consultó previamente. Pastor justifica esta iniciativa personal en la necesidad de un «diálogo amplio»; una retórica parecida a la de Sánchez, que nunca deja claro de qué se puede hablar con alguien que solo acepta un tema de conversación: la autodeterminación.

El Mundo