LA INSOLVENCIA DE UN GOBIERNO DIVIDIDO

Pese a la imperiosa necesidad de afrontar con determinación la emergencia económica provocada por el coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue ofreciendo síntomas de insolvencia e incapacidad. El Consejo de Ministros no aprobó ayer, tal como estaba previsto, la moratoria de impuestos para los autónomos y pymes. Ello supondrá un quebranto inmediato para estos colectivos teniendo en cuenta que los primeros pagos del IVA y los pagos fraccionados de IRPF e Impuesto de Sociedades deben abonarse el 20 de abril.

La aprobación de un segundo tramo de avales de 20.000 millones es insuficiente y llega tarde. La ministra de Hacienda alegó que la aplicación de medidas adicionales aún están en «estudio». Lo que subyace en la escandolosa parálisis del Gobierno no sólo es su negligente falta de previsión, sino la brecha abierta entre el PSOE y Podemos. Esta división se ha puesto de manifiesto en el conflicto abierto con la patronal a cuenta de la renta mínima.

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, anunció el jueves pasado que existía un acuerdo con sindicatos y ONGs para poner en marcha un ingreso mínimo vital puente, y que en ese consenso estarían los empresarios. Esta declaración provocó que CEOE y Cepyme dieran ayer plantón al Ejecutivo en la reunión en el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales.

En un duro comunicado, las patronales dejaron claro que no solo no se había alcanzando un pacto, sino que ni siquiera habían sido consultados. Es más, Iglesias afirmó que había estado en contacto con Antonio Garamendi, extremo que desmintió rotundamente el presidente de la CEOE. Estas maniobras dejan claro que la voluntad de Podemos pasa por perpetrar un cambio en la arquitectura política y económica de España aprovechando la devastación generada por la pandemia.

En los primeros compases del estado de de alarma, Iglesias ya dejó caer la posibilidad de llevar a cabo nacionalizaciones de empresas públicas. Posteriormente, apeló de forma ambigua al artículo 128 de la Constitución, que subordina la riqueza del país al interés general. Y, finalmente, pretende instaurar una renta mínima sin que haya sido capaz hasta el momento de concretar cómo piensa financiarla en un marco previsible de profunda de recesión.

Este periódico ha defendido la necesidad de articular medidas públicas para rescatar al conjunto de la economía, lo que incluye sus sectores más vulnerables. Pero una cosa es habilitar ayudas y otra erosionar la economía de mercado forzando unilateralmente el intervencionismo y atacando a la iniciativa privada. Podemos es un partido de corte populista con conexiones directas con los regímenes bolivarianos. Y entre los ministros figuran dirigentes comunistas, como Alberto Garzón, abiertamente partidarios de una economía planificada.

En consecuencia, el «Gobierno del insomnio» que Sánchez armó con Podemos constituye una amenaza para los españoles en un contexto en el que la crisis puede actuar de subterfugio para anteponer la ideología a la gestión.

 Resulta inexplicable, además de profundamente irresponsable, quebrar el diálogo social. Podemos busca contentar a su parroquia con medidas de cara a la galería, pero la recuperación seguirá lejos mientras el Ejecutivo se empeñe en maltratar a las empresas y los autónomos.

El Mundo