LA JUEZ PITONISA
María Jesús García Pérez, madrileña de 1963, posee una gran cabeza y un temperamento excéntrico. Con la primera sumó 21 matrículas en Derecho y accedió enseguida a la carrera judicial. Con el segundo ha ido de sanción en sanción como magistrada. Si la detectan en Netflix, a la juez María Jesús le montan una serie, pues no falta de nada.
En su etapa en Collado Villalba la suspendieron un año, debido a que cuando le tocaba el juzgado de guardia prefirió el gimnasio. De allí pasó a Las Palmas, donde por un tiempo actuó en el club de estriptis de un amigo («siempre he sido muy de deporte…», ha explicado ella, con esa simpatía un tanto descacharrante que la adorna).
En Bilbao la multaron por fumar en la sala de vistas. En Santander no se le ocurrió nada mejor que criticar los juzgados de delitos de violencia contra la mujer, cuando ella trabajaba en uno. En Santiago le daba por enjuiciar con un gatito en el regazo.
Tras esa carrera trufada de éxitos, la magistrada García Pérez recaló en Lugo, como titular del Juzgado Número 3 de Vigilancia Penitenciaria de Galicia. Polifacética, esta vez le dio por ejercer como pitonisa en su domicilio. No lo ocultó mucho. De hecho repartió pasquines publicitarios por las calles junto a su empleado de hogar («mi asistente»).
En los folletos aparecía el dibujo de una mujer rubia, como ella, bajo esta leyenda: «Tarotista y vidente con gran experiencia echa las cartas del tarot en persona». Un periodista reparó en el dislate, acudió al piso de la juez-vidente, grabó la sesión de brujería y lo contó. Destapada la polémica, la propia juez pitonisa vaticinó para sí un horizonte más bien chungo: «Consulté al tarot y dice que mi futuro dentro de la justicia es bastante malo.
Creo que esto acabará con mi expulsión». ¿Y qué pasó al final? Nada. En el Consejo del Poder Judicial se impuso el corporativismo y por cuatro votos a tres acordaron no sancionarla. Así que el frikismo seguirá campando por ese juzgado de Lugo.
Los magistrados también son humanos, lógicamente. Pero últimamente, quizá demasiado. Es decepcionante que acepten ser catalogados bajo una etiqueta que marca públicamente su preferencia política («conservador» o «progresista»). Es nocivo para la justicia el afán de protagonismo de muchos de sus agentes (empezando por Lesmes, que adora los flashes).
Y es peligroso que el más alto tribunal de este país empiece a intoxicarse con los vientos populistas que nos embriagan, que es lo que ha ocurrido con su atolondrada sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.
Sin pararse a medir que iban a arrear un fortísimo rejón a la banca y abrir un posible boquete en las arcas públicas, corrigieron su jurisprudencia de solo siete meses antes y emitieron una sentencia chapucera e inconcreta, que dos días después el propio Supremo ponía en barbecho para intentar parchearla.
La imagen de la seguridad jurídica del Reino de España ante los negocios globales se queda tiritando. Pero no habrá responsables. Nadie pagará por las pérdidas multimillonarias infligidas a los accionistas de los bancos y a las entidades.
