El Tribunal de Cuentas confirmó ayer el monto de las fianzas que exige a altos cargos del PSOE andaluz y dirigentes de UGT por el desvío de fondos en el fraude de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia.

La cifra que pide el órgano auditor -algo más de quince millones de euros- representa una mínima cantidad del dinero malversado en la Junta, que rozó los setecientos millones, pero pone en jaque la sostenibilidad financiera de un sindicato cuya actividad fue esencial para llevar a cabo el saqueo sistemático y continuado de los fondos de empleo que administraba el Gobierno andaluz.

Con Griñán, Chaves y su círculo de confianza ya condenados, a la espera de que el Supremo confirme sus penas, corresponde a los sindicatos aclarar el papel que tuvieron en aquel monumental fraude, reparar en lo posible el daño causado a los trabajadores a los que decían representar y hacer memoria, histórica o democrática, sobre su complicidad con el régimen socialista andaluz.

ABC