LA LEY DEL EMBUDO

Durante su larga etapa hegemónica en Andalucía, los socialistas encontraron un potente argumento contra los gobiernos de Aznar y Rajoy, que consistía en acusarlos de perjudicar a la comunidad, negándole inversiones y recortándole presupuestos, por su costumbre de votar a la izquierda.

Fue un éxito propagandístico de primer orden porque era fácil de explicar aunque a menudo no se ajustase a una realidad que siempre queda en segundo plano ante un relato sugerente.

Luego hemos sabido -los ERE, los cursos de formación, el fraude de la UGT, los puticlubs pagados con tarjetas oficiales, etc- en qué consistía el distributivo miniestado de bienestar que había creado el PSOE en su latifundio de poder y que al parecer molestaba tanto a la odiosa derecha que le regateaba recursos por puro resentimiento.

Pero he aquí que la historia ha dado la vuelta, los andaluces se acabaron cansando de su paternal régimen proveedor y en Madrid, o sea, en el Estado, gobierna (?) un progresismo altruista y benéfico. Y a las primeras de cambio, intervención económica al canto.

Una especie de 155 financiero para que ese electorado díscolo aprenda a votar en el sentido correcto y para que los actuales inquilinos de San Telmo se olviden de su inaceptable pretensión de bajar siquiera un poquito los impuestos.

Con el recochineo de que las cuentas impugnadas por desviarse unas décimas del déficit, las de 2018, las elaboró la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque que la coalición del PP y Ciudadanos no tomó posesión hasta 2019, a mediados de enero.

Ese mismo Gobierno central tan escrupuloso con el ajuste fiscal andaluz es el que está negociando su reelección con los golpistas catalanes, que enfrascados en su procès han convertido las finanzas de la Generalitat en un chicharro y que en el próximo ejercicio tendrán que pedir al Estado unos diez mil millones para sostener su quebrada administración autonómica, prácticamente la mitad del socorro previsto para la totalidad de las regiones españolas.

Y lo que haga falta en inversiones, contrapartidas políticas aparte, aunque Galicia siga sin AVE y el tren de Extremadura tarde lo mismo que una diligencia decimonónica. Ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero unas resultan más antipáticas que otras. La España de dos velocidades depende de la capacidad de cada autonomía para practicar el chantaje… y de las necesidades de apoyos del doctor Sánchez.

Será un buen momento para ver si la nueva Junta de centro-derecha tiene la misma habilidad comunicativa que sus antecesores para hacer de esta grosera ley del embudo un ariete político. El guión lo tiene servido; igual hasta se lo dejaron en uno de esos archivos blindados que guardaban papeles comprometidos.

Es sencillo: en esta España donde un golpe contra la Constitución se convierte en un simple «conflicto», sólo sale rentable el victimismo.

Ignacio Camacho ( ABC )