Con quince votos a favor y seis en contra, finalmente el informe del CGPJ despelleja sin piedad el anteproyecto de Ley de Vivienda redactado por el Gobierno, sobre todo porque irrumpe en competencias de las comunidades autónomas con la misma sutileza y sigilo que un elefante irrumpe en una cacharrería.

Es decir, que incluso vocales no propuestos por el PP han apoyado el varapalo al texto del Ejecutivo por desprender un inconfundible tufo a inconstitucionalidad.

En un primer informe, Cuesta no apreció ese hedor quizá porque su excelencia jurídica es microscópica al lado de su excelencia política, pues antes de tomar la puerta giratoria se tiró 28 años siendo diputado del PSOE (cuando Naranjito ya estaba en el Congreso) y 14 en la Ejecutiva de Ferraz.

Y quien guarda, halla… aunque esté en el CGPJ. Al tratarse de un informe preceptivo pero no vinculante es probable que el Consejo de Ministros ignore ese festival de irregularidades y que incluso los tres ministros de Sánchez que son jueces (Robles, Marlaska y Llop) no abran la boca.

Todo es posible después de que sobre todo los dos últimos han olvidado la importancia del principio de legalidad, que el sanchismo parece haber metido en el trastero.

Y para muestra el apoyo de Marlaska a la ilegal patada policial en la puerta o la expulsión por las bravas de los menores de Ceuta. Por no hablar de los tres rejonazos del TC a decretos relacionados con el estado de alarma.

Sí, hay cosas que alarman bastante más.

Álfonso Martínez ( ABC )