LA LEY SE PONE DE PIE

Resulta tentador recurrir a la expresión «fin de régimen constitucional del 78» para resumir lo que implica aplicar por vez primera un artículo al que Gobierno y Senado -cámara de representación territorial- dotan de contenido. Ciertamente, la democracia pisa terreno inexplorado e inicia una nueva fase de evolución en lo que a la relación entre el poder central y las autonomías respecta.

Sin embargo, el 155 no constituye el fin del sistema, ni mucho menos; en todo caso finiquita un modelo, una dinámica y una actitud que debilitaban la democracia, erosionaban continuadamente el principio de igualdad y viciaban la organización territorial, basada en la solidaridad y lealtad entre niveles de Gobierno: el permanente chantaje del establishment catalán a cada Ejecutivo central con el recurso de la lágrima fácil, la engolada diferencia y el victimismo simulado.

La democracia española emprende una etapa -concretamente la cuarta- que la robustece: tras la de puesta en funcionamiento -fundacional-, la modernizadora de las estructuras del Estado y la de consolidación -que incluye la normalización de la alternancia- penetra en la de crisis funcional. Se enfrenta a obstáculos imprevistos o sobrevenidos –Ortega los llamó «estímulos funcionales»- que alteran el organismo y ponen a prueba su capacidad para crear anticuerpos y regenerarse.

España presentaba severos síntomas de flojera democrática. Hasta que el nacional-populismo removió sus cimientos. Primero se levantó el Estado -discurso del Rey-; luego despertó la sociedad civil, la mayoría silenciada -manifestación del 8-O-; por fin, la Ley se ha puesto de pie. La Ley combate la «falsa filantropía». Lo dijo un pensador puede que menor, pero audaz y concluyente. Frédéric Bastiat se anticipó a lo que traía el marxismo en sus arrobas. En 1850, dos años después de que Marx publicara el Manifiesto comunista, el de Bayona escribió La Ley, un opúsculo con nervio en defensa de la propiedad privada y la libertad individual.

Para Bastiat la Ley es la «organización colectiva del derecho individual de legítima defensa». Es el principal mecanismo de protección de los ciudadanos, sobre todo de los débiles. La Ley es la «justicia organizada», un acuerdo común contra la intención de despojo. La Ley dota de fuerza y resguarda a los individuos del Estado de naturaleza. La minoría nacional-populista suspendió la Ley y el parlamentarismo en Cataluña el 6 de septiembre. La arbitrariedad se ceba siempre con los frágiles. Por eso era perentorio restablecer la Ley en Cataluña, para frenar la injusticia y recuperar la libertad.

El supremacismo ganaba la partida porque la Ley sólo se respeta si es respetable. El nacional-populismo brega sin descanso por desprestigiarla, supeditándola a esa «falsa filantropía» y construyendo su fábula de agravios. Desacreditándola y ultrajándola, pretendían alejarla de la moral. De tal modo que Ley y moral parecieran contradictorias. Era urgente reivindicar que no lo son. «Cuando la ley y la fuerza mantienen a un hombre dentro de la justicia (…) sólo le obligan a que se abstenga de causar daño».

Javier Redondo ( El Mundo )