Un año después de tener el anteproyecto de la llamada ‘ley trans’ guardado en un cajón por las desavenencias entre el PSOE y Podemos, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a esta iniciativa.

Dejando aparte el simplismo de la ministra Irene Montero cuando afirma que «se amplían las oportunidades de felicidad de todas las personas», la norma regulará la autodeterminación de género y el cambio de sexo de personas desde los catorce años –estos y hasta los dieciséis, con permiso del tutor legal– y la ‘despatologización’ de la transexualidad. Algo por otra parte innecesario, ya que la OMS ya eliminó años atrás cualquier referencia a la transexualidad como un trastorno.

Una cosa es combatir cualquier odio social, lo cual es legítimo porque afecta a las personas y no a los sexos, y otra muy distinta es fabricar un artefacto legal que ideologiza la condición sexual hasta el extremo.

Y además, hacerlo con el rechazo jurídico del CGPJ y sin plantear un debate social sincero y efectivo sobre el acceso de los transgénero, por ejemplo, al deporte, a las instituciones penitenciarias o al Ejército.

La regulación es electoralista e incompleta.

ABC