El coste disparatado de la luz amenaza con convertirse en el problema social más grave del Gobierno, después de la mala gestión de la pandemia. El precio del megavatio hora alcanzará hoy, jueves, otro récord, en una escalada que parece imparable y que desmonta el entusiasmo del Ejecutivo con su famoso «escudo social».

Son precisamente las familias con menos recursos económicos las más afectadas por esta subida continua de la factura de la luz y esto significa que la pobreza energética se está haciendo crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las culpas que la ministra María Jesús Montero ha endosado a los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy mueven más a la conmiseración que a la crítica, porque reflejan el nivel de absoluta impotencia que domina al Ejecutivo. Los socialistas nunca tienen la culpa de nada, a pesar de que gobiernan con todo y a pesar de todo.

De los diecisiete años que han transcurrido desde marzo de 2004 hasta hoy, el PSOE ha gobernado más de diez, así que la excusa de que la culpa es de la derecha no resiste un repaso al calendario.

Cosa distinta es que la izquierda pretenda, como siempre, que se la juzgue por lo que dice y no por lo que hace, ecuación que ya no funciona con un Ejecutivo que gobierna a golpe de decreto ley, sin consensos con la oposición ni concesiones a la autocrítica.

El precio de la luz también afecta a la actividad empresarial, porque cualquier incremento en sus costes repercute en toda la cadena de producción, distribución y venta de bienes. Esta situación pone a la economía española en desventaja con algunos de sus directos competidores, como Francia, con costes energéticos muy inferiores a los de nuestro país. A menos competitividad, menos empleo.

Se trata, por tanto, de un problema global para la vida social y económica del país, agravado por la indolencia del Gobierno, que se ha conformado con un rebaja insuficiente y temporal de impuestos, sin ningún otro tipo de actuación política. No hay, siquiera, un discurso respetuoso y empático con los problemas de las familias y los empresarios, sobre todo los pequeños autónomos.

Al contrario, desde instancias oficiales han abundado comentarios sarcásticos sobre el cambio de horarios en la puesta de lavadoras y en la plancha de madrugada, con algún toque de perspectiva de género, absolutamente prescindible.

En plena ola de calor africano como la actual, de un Gobierno tan sensible con lo social se esperaba otra cosa, más aún de un Ejecutivo con ministros de Unidas Podemos, ahora mudos, que prometieron, cuando eran muchachada progre, sojuzgar a las eléctricas y nacionalizar la producción de energía.

Entre la parálisis del Gobierno y la pulsión comunista hay un término medio como el que ayer recordó la Comisión Europea, en una respuesta al PP, en la que señala que los Estados deben tomar medidas efectivas para proteger a los consumidores más vulnerables y a las empresas.

La ausencia de reacción desde La Moncloa acrecienta la imagen de un Gobierno superado por los acontecimientos, que busca a toda costa compensar su fracaso gestor con buenas noticias sobre la evolución de la pandemia.

El Partido Popular ha pedido a Sánchez un «plan de choque» para frenar la subida de la luz. Se llame así o de otra manera, lo cierto es que esta crisis del precio de la energía eléctrica destapa la impostura de la izquierda con sus preocupaciones sociales, tan incisivas con los desahucios, pero tan laxas con la luz, indudable bien de primera necesidad.

ABC