” LA MANADA “: ¿ SEPARACIÓN DE PODERES ?

En la arquitectura de todo Estado de derecho, la separación de poderes se erige como pilar esencial. Si el acatamiento de la ley es su piedra angular, el respeto a quienes la aplican es esencial para su funcionamiento. Por ello, la ostensible intromisión política en el caso de La Manada no solo supone una irresponsabilidad sino un ejercicio de peligrosas consecuencias. El nivel de injerencia está siendo tal que, tras la huelga general de jueces y fiscales, ahora hasta 750 magistrados han elevado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

Consideran que están sometidos a un “linchamiento público con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales” a raíz de la sentencia, y solicitan al Consejo que dirima si la reacción del Gobierno y demás representantes públicos implican ataques contra la independencia judicial. La denuncia no solo es gravísima per se, sino porque posee un sólido fundamento. El problema no radica en la indignación social generada ante un polémico fallo.

La amenaza para el Estado de derecho la encarnan las flagrantes injerencias políticas en el ejercicio del Poder Judicial, en un intento electoralista de colocarse al rebufo de ese descontento. Rafael Catalá cometió la temeridad de poner en duda las capacidades de un magistrado y este Gobierno, cuyas críticas han rebasado la sana discrepancia, cae en la insensatez de querer legislar en caliente. Estos desaires e invasiones no solo deterioran gravemente la imagen institucional del Estado, sino que socavan la relación de respeto y confianza que debe cohabitar entre quienes conforman los pilares básicos de una democracia.

El Mundo