El Gobierno socialista está intentando construir un relato favorable sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’ a partir de su comparación con otros indultos, concedidos tiempo atrás a autores de delitos muy graves. La referencia es la guerra sucia contra ETA y sus implicados, como José Barrionuevo y Rafael Vera.

El mensaje doctrinario de La Moncloa viene a decir que más graves fueron aquellos delitos que los de Oriol Junqueras y demás acusados, y que nadie protestó por los indultos a sus autores. Este argumentario es tan falaz como el de «la revancha y la venganza», el de «la concordia» o el de «la reconciliación» para justificar el indulto a los líderes independentistas.

Que los crímenes de la guerra sucia fueron execrables es algo fuera de toda duda y no admite matiz ni discusión. Pero sí es discutible, y mucho, pretender que Junqueras y socios de condena se hagan acreedores de un indulto porque otros fueron indultados. El debate sobre los indultos se distorsiona, como dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando su destinatario es un grupo de condenados y no cada uno de ellos considerados individualmente.

A partir de esta premisa, manejada por el Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas, el indulto a los condenados por el ‘procés’ es una amnistía encubierta -un perdón colectivo rechazado por la Constitución-, no el indulto merecido por un reo por razones de justicia o equidad.

Los indultos a Vera o Barrionuevo respondieron a unas circunstancias políticas, sociales y personales que hoy no se dan en absoluto. Por lo pronto, y es lo más importante, los exdirigentes socialistas nunca manifestaron públicamente que volverían a reincidir en los delitos por los que fueron condenados.

Los dirigentes independentistas presos sí han reiterado su voluntad de delinquir de nuevo. Incluso Jordi Cuixart se lo puso por escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es que no haya arrepentimiento, es que quieren seguir siendo delincuentes.

El indulto a los condenados por la guerra sucia contra ETA contó con el consenso del Partido Popular -en el Gobierno entonces- y el PSOE. Hoy no existe ese consenso, porque Pedro Sánchez quiere indultar no a unos presos que se han reconciliado con la Constitución y el respeto a la ley, sino a unos socios de investidura que proclaman su vocación delictiva.

Además, los indultos a Vera y Barrionuevo tuvieron el informe a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que los condenó sin unanimidad. Por el contrario, el informe de los magistrados presididos por Manuel Marchena ha sido frontalmente contrario a la medida de gracia para los responsables de los delitos de sedición y malversación cometidos para la declaración unilateral de independencia de Cataluña. No hay punto de coincidencia entre unos y otros indultos.

La verdadera diferencia entre los indultos a Vera y Barrionuevo y los que el Gobierno quiere ahora dar a sus socios independentistas encarcelados es la que hay entre la legalidad y la ilegalidad, el consenso y el sectarismo, la moderación y el autoritarismo.

Los dirigentes del PSOE tienen muchos motivos para preocuparse, porque van a ser arrastrados por la obsesión de Pedro Sánchez por el poder. Cataluña no volverá a la normalidad, ni recuperará la concordia cívica, ni reparará su relación con el resto de España gracias a los indultos.

Al contrario, todos los daños causados por el independentismo se agravarán si sus responsables salen a la calle de la mano del Gobierno, porque de nuevo habrán comprobado que Sánchez paga el precio que sea por La Moncloa.

ABC