Es difícil entender el entusiasmo con el que se aplaudió por una parte de la bancada del Congreso la aprobación del proyecto de ley de Eutanasia. Será una ley que permita una nueva modalidad de muerte voluntaria, junto con la del aborto.

No son leyes que merezcan el aplauso, porque sus saldos se miden por muertos, salvo que su aprobación se considere una victoria ideológica de aquellos grupos políticos que quieren imponer un sistema de valores, o desvalores, en la sociedad.

Con esta perspectiva, sí se entiende el entusiasmo de los partidos que votaron a favor del proyecto de ley de Eutanasia, aunque algo menos el de Ciudadanos, que tiene difícil conciliar su liberalismo con una ley tan intervencionista como esta.

Define claramente la situación y las prioridades de los partidos que han apoyado esta inmersión en la «cultura de la muerte» que España vaya a estar a la cabeza de Europa en eutanasia mientras sigue a la cola en cuidados paliativos, que son, según el Comité de Bioética y los colegios de médicos, una alternativa a ese acabar con la vida y que sí deberían constituir un derecho de los ciudadanos.

Hoy, seis de cada diez pacientes no acceden a estos cuidados que, según los paliativistas, aumentan la supervivencia, mejoran la calidad de vida del enfermo e, incluso, a la larga suponen un ahorro para el Sistema Nacional de Salud. ABC ofrece hoy una radiografía del estado de la medicina paliativa que deja a España en muy mal lugar. Un sistema nacional eficiente de cuidados paliativos es una alternativa ética factible que el Gobierno y sus socios han preferido olvidar al optar por el atajo de la eutanasia.

Porque hay leyes que significan mucho más que lo que llevan escrito. El proyecto de ley de Eutanasia es un cúmulo de literatura legalista, con una cascada de garantías que van de más a menos y que acaba abriendo tanto las posibilidades de su aplicación que llegará a irse de las manos de aquellos que están obligados a ejecutarla, como ya sucede en otros países.

Calificar la eutanasia como un derecho es una gran mentira. La muerte, en cualquiera de sus variantes, nunca puede ser un derecho. Es la negación de cualquier derecho fundamental, empezando por el derecho a la vida, que sí está consagrado en la Constitución como fundamental del ciudadano. Se ha debilitado tanto el concepto de derecho subjetivo que ahora se asocia a cualquier aspiración individual.

Y en la muerte voluntaria no hay progreso. Es una solución primitiva, como ocurre con el aborto, para situaciones que, por muy problemáticas que lleguen a ser, habrían de encontrar respuestas más positivas en unas sociedades modernas, desarrolladas, asistenciales y de servicios como la española. Llevar a la ley como derechos matar al feto y dejar morir -cuando no matar- al enfermo o al anciano no es progreso, es un homenaje a la incivilización.

Esta futura ley inocula además en la sociedad un mensaje tóxico. La referencia a los cuidados paliativos está metida de refilón en el proyecto de ley y sólo para que sus defensores puedan decir que también se ofrece a los pacientes.

Por mucho que se insista en la voluntariedad de la eutanasia, siempre habrá casos en los que el consentimiento del paciente no sea libre y siempre habrá casos en los que el anciano enfermo se sienta invitado a dejar de «molestar» a su familia.

Estas leyes no regulan derechos, sino que propician desde el Estado el desaliento y la indefensión de los más débiles. Se ha abierto una puerta siniestra, que dará acceso incontrolado a prácticas homicidas -en el sentido más etimológico del término- que sólo podrán ser contenidas si el Tribunal Constitucional refuerza el derecho a la vida.

ABC