Que la política catalana se ‘batasunice’ tiene culpables.

La política catalana ha entrado en fase de batasunización. Los carteles de acoso a los alcaldes leales a la ley, confeccionados y distribuidos por los radicales de Arran -la organización juvenil de la CUP-, evocan los métodos siniestros de los años de plomo en Euskadi, cuando el señalamiento de los delatores era el relámpago que precedía a la detonación de los pistoleros. Afortunadamente Terra Lliure ya fue desarticulada, pero que nadie se engañe: los alcaldes señalados en dichos carteles padecerán las consecuencias de tan vil propaganda en forma de escraches, cercos y cotidianas increpaciones. Y no cabe imputar tan repugnante maniobra al radicalismo de unos cachorros descontrolados; fue el propio Carles Puigdemontquien realizó un llamamiento expreso a los catalanes independentistas para que ejercieran presión sobre aquellos alcaldes que se negaran a participar en el referéndum ilegal.

  Cuando desde la cima del poder alguien llama a la coacción contra el supuesto enemigo del pueblo, no puede escandalizarse luego ni de los efectos que su acción pueda desatar ni de ajustados parangones con el fascismo, cuyos principios activos no fueron otros que el nacionalismo y el populismo. Asistimos a una peligrosa unanimidad entre el oficialismo y la calle, entre una Generalitat autoexcluida de la ley y sus agitadores callejeros. La estrategia es compartida: intensificar la coacción sobre los resistentes de aquí al 1 de octubre para reducir al máximo la disidencia en el momento culminante del órdago al Estado. Por eso en Cataluña empieza a ser más apropiado hablar de resistencia que de oposición.

En semejante tesitura, la imposible equidistancia que la alcaldesa de Barcelona se empeña en mantener hasta el final es algo peor que un ejercicio de funambulismo electoral: constituye una irresponsabilidad y un fraude. Por un lado se fotografía con los regidores que irán desfilando ante el fiscal por desobedencia, como si ella misma fuera a compartir ese sacrificio. Pero por otro lado más opaco pacta con Puigdemont el medido alcance de su cooperación a la ilegalidad -que le permitiría no tener que ceder locales de titularidad municipal para el 1-O-, de modo que no pueda ser inhabilitada.

Pretende que su participación se limite a una difusa complicidad política, una cobertura doctrinal que no se materialice en nada punible ni le granjee la ruptura del pacto de gobierno con Collboni. La cuquería de Colau es una estafa para las dos almas irreconciliables de su electorado: la que no desea separarse de España pero vota a Colau por su discurso social y la que espera que se comporte como una independentista más.

El constitucionalismo, que no es otra cosa que la representación legítima y legal de la voluntad política de la mayoría de los españoles, aguanta unido frente a la gravedad del desafío separatista. Pero eso no significa que no se presenten a diario tentaciones preparadas por los contrarios al sistema del 78 para agrietar sus filas. En este sentido, se nos antoja evidente el carácter táctico de la mesa de negociación propuesta por Pablo Iglesias. Se trata de la enésima añagaza mediática de Podemos para atraerse al PSOE y quebrar su apoyo hasta ahora leal al Gobierno, al mismo tiempo que Iglesias trata de marcar desesperadamente perfil propio en una crisis que parte su discurso por el eje que menos le conviene y que está desgastando su marca.

 Los socialistas aciertan al ignorar los cantos de sirena populistas, porque la prioridad ahora no puede ser echar a Rajoy sino parar el golpe a la democracia y a la unidad de España. La intervención del portavoz Óscar Puente dio pie a inferir que el PSOE levantaba su oposición a la aplicación del 155, pero la postura oficial del partido sigue siendo de apoyo a una respuesta proporcionada, sin entrar a valorar hipótesis ni expresar vetos. Tampoco al 155.

Faltaría más que la Ley de Leyes pudiera ser objeto de vetos políticos por cálculo partidista.

El Mundo