LA RED CLIENTELAR DE PEDRO SÁNCHEZ

Causa estupor que un presidente que se ha jactado de abanderar la regeneración no haya mostrado el más mínimo pudor a la hora de colonizar la Administración tras la llegada al Gobierno. Si todos los ejecutivos desde la reinstauración democrática cometieron el error, y el exceso, de colocar a personas y dirigentes afines al frente de las empresas públicas del Estado, en el caso de Pedro Sánchez esta deriva resulta aún más lacerante, en la medida que apenas restan dos años para agotar la legislatura.

Por tanto, no es responsable ni prudente relevar a los responsables de la práctica totalidad de empresas y organismos públicos sin tener en cuenta la experiencia profesional sino la adscripción ideológica o su afinidad al Partido Socialista, máxime cuando no van a disponer de tiempo para trazar una nueva estrategia. La conducta de Sánchez responde a una patología arraigada en los dos grandes partidos que han dominado la escena política en España durante las últimas cuatro décadas: la obsesión por creer que la Administración es un coto partidista refleja hasta qué punto el compromiso regenerador de Sánchez no pasa de ser un mero subterfugio para la retórica.

La porfía en perpetuar un sistema clientelar ha llevado al presidente a colocar en puestos de confianza a casi la mitad de la Ejecutiva del PSOE. Es cierto que la legislación ampara la discrecionalidad del nombramiento del personal eventual en la Administración pública. Sin embargo, el copamiento del sector público resulta incompatible con el discurso de un jefe de Gobierno que dice aspirar a reinstaurar la ejemplaridad. En muchos casos, además, a la afiliación política partidista se suma la falta de ideoneidad de muchos elegidos.

Así, resulta discutible la designación de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez, como presidente de Correos; o el de Óscar López, ex secretario de Organización del PSOE, como presidente de Paradores; o el del filósofo José Vicente Berlanga como presidente de Enusa, la empresa nacional de uranio e industrias avanzadas. A todo ello se suman los elevados sueldos de muchos de estos altos cargos: casi 200.000 euros, en el caso de Serrano; 180.000 euros, en el de López ;210.000 euros, en el de Berlanga; y casi 220.000 euros en el caso del presidente de la SEPI. Estas nóminas constituyen un dispendio difícil de digerir para una ciudadanía la que ahora se va a exigir nuevos sacrificios tributarios.

Con esta política, Sánchez ha renunciado a la despolitización de los puestos técnicos, una de las rémoras de las administraciones públicas en España. Las designaciones arbitrarias o de signo partidista al frente de las empresas y organismos públicos no hacen más que degradar al Estado y erosionar las instituciones, con absoluto desprecio a los técnicos especialistas y la gestión profesional.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor