El Tribunal Constitucional ha avalado el fallo del Supremo sobre el intento golpista de Cataluña en lo que atañe a los delitos de sedición y malversación.

La desestimación del recurso de amparo presentado por Jordi Turull, condenado a catorce años de prisión, acredita que no se vulneró ninguno de sus derechos durante el juicio, que el tipo penal de la sedición fue aplicado correctamente por el Supremo, y que en ningún caso ese delito adolece de vaguedad.

Aunque el TC ya había resuelto algunos recursos anteriores por desobediencia, es la primera ocasión en la que se pronuncia sobre la sedición, lo que avanza que en el futuro otros recursos planteados, entre otros por Oriol Junqueras, podrán correr la misma suerte.

En cualquier caso, no es una buena noticia que el TC se haya fracturado ante una cuestión de Estado tan sensible, y que dos magistrados de extracción progresista, de los nueve que han deliberado, emitan votos particulares discrepantes.

Desde el respeto a su criterio jurídico, lo ocurrido el 1-O fue un intento de romper la legalidad. Y obviarlo buscando la forma de cuestionar la proporcionalidad de las penas, por excesivas, es tanto como compartir que la ley debe ser más benévola contra el golpismo.

Siete magistrados han demostrado que el delito es muy grave y que las penas son idóneas. Y no todos, por cierto, de la perseguida derecha judicial.

ABC