LA SENTENCIA DEL FAISÁN SE EJECUTA 12 AÑOS DESPUÉS

El chivatazo policial a ETA se perpetró en mayo de 2006. Los autores fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo en 2014. El pasado martes, la Audiencia Nacional, a petición de la acusación personada, emitió orden para ejecutar la sentencia, cuatro años después de que fuera firme. Envió un escrito al Ministerio del Interior notificándole que los dos policías citados en la sentencia tienen pendiente una condena por revelación de secretos: un año y medio de prisión -que, al ser inferior a dos años, no conllevaría su ingreso en la cárcel- e inhabilitación para todo empleo público por cuatro años.

Este último movimiento de la Audiencia Nacional se produce a requerimiento de la acusación particular, representada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero.

La sentencia estaba paralizada en su ejecución desde la resolución firme del TS porque justo antes de que se dictase la sentencia, los condenados habían pedido el indulto al Gobierno. En concreto, en julio de 2014. Fue la insistencia de nuevo de la acusación la que permitió conocer la congelación de este caso ya que el Gobierno estuvo tres años sin pronunciarse sobre el indulto.

Ahora, un año después de que el Ejecutivo lo denegara, la Justicia reactiva el procedimiento, que estaba durmiendo el sueño de los justos. Porque el Gobierno no tomó una decisión hasta marzo del pasado año, denegando la petición del comisario y del inspector jefe condenados.

Pasaban los meses y no se movía un papel. Y la asociación de Portero optó por reclamar información a la Audiencia. Esta semana, se ha producido la notificación a la Policía. Una resolución con pocos efectos porque ambos agentes -que no tendrán que ingresar en prisión- se encuentran ya jubilados de la Policía. Ya no se les puede expulsar. Si hubieran estado en activo -como estaba el comisario cuando se dictó la sentencia- la aplicación de la sentencia hubiera supuesto su expulsión.

La Audiencia Nacional y el Supremo consideraron al comisario y ex jefe superior de Policía del País VascoEnrique Pamies, y el inspector jefe, José María Ballesteros, autores del chivatazo policial a ETA del Bar Faisán. La sentencia no pudo determinar la participación de otros mandos policiales: concluyó que ambos mandos contactaron en mayo de 2006 con el dueño del Faisán -el ya fallecido Joseba Elosua– para alertarle de la inminente actuación de la Policía contra el entramado etarra de cobro de extorsión.

El chivatazo se produjo en el momento en el que Rodríguez Zapatero estaba negociando con la organización terrorista ETA. De hecho, el día de la delación, el entonces presidente del Gobierno recibía en La Moncloa al que fuera líder del PNVJosu Jon Imaz, que le trasladó el apoyo de su formación a los contactos que tenía abiertos ya con ETA.

El caso que arrancó en mayo de 2006 aún no está cerrado. De hecho, fue reabierto por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el pasado año tras desvelarse que existía un informe policial sobre el chivatazo, que apuntaba nuevas responsabilidades, y que no había sido evaluado por la Justicia. El informe fue elaborado por la Brigada de Casos no Resueltos (y disuelta), puesta en marcha por el anterior equipo policial. El juez requirió a Interior ese informe que, tras una complicada búsqueda, fue localizado y enviado.

En dicho escrito se revisaba toda la investigación judicial y policial, se chequeaba de nuevo todos los cruces de llamada y se concluía la posible implicación en el chivatazo (tanto en la propia delación como en las maniobras para ocultarla) de otros mandos policiales y de responsables políticos de aquella época, del equipo que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior del momento. El juez De la Mata abrió una pieza secreta. Tomó declaración de nuevo a los condenados que mantuvieron sus declaraciones judiciales. Y esa pieza aún continúa abierta.

Los datos del chivatazo

Jueces

El chivatazo pasó por manos de tres jueces.El primero, Fernando Grande-Marlaska. Después fue Baltasar Garzón, y acabó en manos de Pablo Ruz.

Documentos

La ex juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert remitió a la Audiencia casi un millar de documentos clave que demostraban que el chivatazo estaba motivado por la negociación de Zapatero con ETA.

Fernando Lázaro ( El Mundo )