LA SENTENCIA

A estas horas se han publicado diversos artículos y comentarios sobre una sentencia,  cuyos numerosos folios y argumentos jurídicos estarán leyendo los más  reflexivos y posiblemente rigurosos analistas,  mientras que los aficionados al “a bote pronto”, pueblan  con sus  simplezas y prejuicios la decisión del Tribunal Supremo.

Yo escribo estas líneas sin ninguna urgencia pero con la intención de no ponerme de perfil ante un hecho tan trascendental como son las consecuencias penales que se han derivado de un delito probado de sedición contra el orden constitucional.

Por lo tanto no entraré a hablar del contenido del trabajo de los jueces del  Tribunal Supremo  porque no lo he estudiado y además siento un respeto razonable por esa alta institución.  En democracia las sentencias  se acatan o se recurren y finalmente se cumplen.

Lo que sí me parece importante señalar es que la justicia ha estado por encima de otras instituciones democráticas en todo este tiempo. Ha hecho su trabajo con rigor y profesionalidad, ha adoptado una resolución por unanimidad de todos los miembros del Tribunal y no se ha plegado a ningún  tipo de presión mediática o social.

A partir de ahora las opiniones son libres y cada ciudadano podrá tener la suya, incluso el cobarde fugado Carlos Puigdemont que desde la tranquilidad de su refugio ha pedido que se reaccione tomando las calles mientras él se pasea cómodamente por Bélgica.

Tanto los que critican al Tribunal sentenciador porque consideran que las penas son escasas o desproporcionadas están reclamando una justicia a la medida de sus sentimientos o sus pasiones y se permiten la frivolidad periodística  o política de ponerse al mismo nivel de los jueces del Supremo cuando carecen de conocimientos, experiencia y rigor profesional para tamaña demasía.

Yo entiendo la preocupación o la desconfianza que muchos ciudadanos tienen sobre cómo se cumplirán esas penas, porque esa decisión ya no compete al tribunal sentenciador sino a la Administración de la Justicia que está en manos del gobierno a través de Instituciones penitenciarias, que es una competencia transferida a la Generalitat de Cataluña.

Por eso la ventanilla a la que debe reclamar la opinión pública y publicada no  es  la del Tribunal Supremo sino  la del gobierno, y yo me sumo a la preocupación y a las dudas que me inspira el ejecutivo de España y fundamentalmente el catalán que está en manos de golpistas vocacionales que incumplen sistemáticamente con la legalidad.

A ellos hay que sumar las voces de otros políticos nacionales que son cómplices ideológicos de los delincuentes hoy condenados y que llevan pidiendo su libertad desde antes de que se conociese la sentencia.

Yo me felicito que la justicia haya hecho su trabajo y espero que la política haga el suyo dentro e los cauces de la ley.

Diego Armario