Pedro Sánchez continuó ayer su labor de zapa a la Corona. Defendió el papel de Don Felipe, pero evitó el más mínimo reconocimiento a Don Juan Carlos. Debe ser que no ha hecho nada por el bien de España en su vida. Que la democracia llegó a España pacíficamente porque era inevitable.

Porque nadie quería impedirlo. Porque las colas de decenas de miles de personas que desfilaron ante el féretro de Franco eran demócratas convencidos. Y no quieren reconocer nada bueno porque lo que buscan es desmontar la Transición que se gestó entre el Rey, Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda. A todos ellos quieren borrar de la Historia porque no pueden aceptar que ese éxito reconocido universalmente se concibió

 por dos políticos que eran ajenos a la izquierda y un Rey que en primera instancia recuperó la Corona por voluntad del general Franco (1975), antes de tener la legitimidad dinástica (1977) y la constitucional (1978).

La Constitución es ahora el mayor baluarte de la Monarquía porque quienes quieren abolirla saben que hacerlo por la vía legal les va a resultar muy difícil, casi imposible. Pero no olvidemos que en esta crisis, en el Gobierno de coalición tenemos dos partidos en el que uno, el socialista juega con la Corona a «poli bueno» y otro, el comunista, juega a «poli malo».

Ayer se produjo un hecho relevante que no obtendrá hoy muchos titulares porque las informaciones y opiniones van casi todas en una sola dirección. La sociedad civil ha empezado a actuar en defensa de la Corona ante el poder judicial.

La asociación Concordia Real Española, inscrita en el registro de asociaciones el viernes pasado, y formada por empresarios y profesionales liberales de escasa relevancia pública, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal unos hechos constitutivos de delito perpetrados por dirigentes de dos partidos que buscan la ruptura de España y que son imprescindibles para que el Gobierno pueda sacar adelante sus primeros presupuestos generales dos años y medio después de que Sánchez tomara el poder.

Pere Aragonés declaró el pasado 18 de julio, con motivo de la visita de los Reyes a Cataluña, que «los Borbones son una organización criminal (…) la Monarquía sólo puede ser corrupta por definición (…) y hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía (…)». El 25 de julio, como recogimos en ABC, y con motivo de la visita de los Reyes a Santiago de Compostela para hacer la ofrenda al Apóstol, Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Gallego, declaró que «no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real y no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción».

En ambos casos hay un evidente ataque al Rey -sí, al jefe del Estado como le gusta llamarle al doctor Sánchez- en términos que son constitutivos de un delito de injurias y calumnias. Ahora hay que ver si ese apoyo que Sánchez dice seguir dando a la Corona -perdón, a la jefatura del Estado- se traduce también en animar a que su fiscal general del Estado, con la que todos sabemos que mantiene una línea directa, a que dé instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que proceda a actuar contra quienes han cometido estas injurias al Rey.

Yo me temo que eso no ocurrirá y será una prueba más de que el Rey está abandonado por su Gobierno. Que el «poli malo» es el que en verdad dirige la estrategia de socavamiento de la Corona. Y que cada día vemos como se da un paso atrás.

Y me temo que nos enfrentamos a una realidad en la que palmo cedido, palmo perdido.

Ramón Pére-Maura ( ABC )