Fraude electoral y falsedad documental. Son los delitos que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado tras analizar las cuentas de Podemos para las elecciones del 28-A. En concreto, el contrato que suscribió la formación de Iglesias con la consultora Neurona -acostumbrada a facturar a clientes chavistas- está plagado de irregularidades y tiene toda la apariencia de ser ficticio; esto es, por unos servicios no reales, al más puro estilo de lo que hemos visto en tantos casos de corrupción.

El fiscal lo traslada a la Justicia ordinaria, pero apuntala totalmente las denuncias ya conocidas de Calvente, el ex abogado del partido. Los cada vez mayores indicios de delito acorralan a una formación hoy en el Gobierno de España y que sigue basando su respuesta en el silencio de sus dirigentes o en el ataque frontal contra la prensa.

Ayer fue Irene Montero quien, bajo un amago de imparcialidad, -«que la Justicia haga lo que tiene que hacer»-, se erigió en juez y parte para sentenciar que nunca se ha encontrado, «tampoco en esta ocasión, indicio de delito». La realidad es bien distinta y las pruebas se amontonan.

No deja de ser tristemente irónico que un partido que se hizo un hueco sobre un falaz discurso regenerador se vea cercado por la corrupción y mantenga una postura tan oscurantista.

Ya hace demasiado tiempo que sabemos que la nueva política era esto: diferentes caras, mismos vicios.

El Mundo