El respeto de todos a unas normas idénticas para todos mejoró el mundo y es una semilla de nuestra civilización. Pero en el siglo XXI hay personas que todavía no lo entienden. Algunas incluso ocupan cargos públicos en democracias avanzadas.

En las elecciones generales de abril de 2019, el presidente de Cataluña, Quim Torra, desobedeció reiteradamente la orden de la Junta Electoral Central de retirar de la fachada de la Generalitat una pancarta a favor de la «libertad» de aquellos que él y sus seguidores llaman «presos políticos».

La Junta Electoral consideró que la proclama burlaba la obligada «neutralidad de los espacios públicos» en los periodos electorales. Pero Torra, que alardea de que las leyes españolas no rigen para él, desobedeció a sabiendas y con un exhibicionismo jactancioso.

El resultado es que el Tribunal Superior catalán lo condenó a año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros, pena que ahora debe ser ratificada -o no- por el Supremo.

Si el Supremo sorprendiese absolviendo a Torra resultaría una bendición para Sánchez de cara a sus enjuagues con el separatismo para aprobar los presupuestos y conservar el poder. Además, una sentencia exculpatoria probablemente sería celebrada por una mayoría de catalanes

Pero si los jueces del Supremo ceden a la tentación del palanganeo político, algo se quebrará en el Estado de Derecho español. Ya no seremos iguales ante la ley, sino que habrá exenciones a la carta según convenga al político de turno.

Y eso no es más que la senda de la arbitrariedad, preludio de la ruina jurídica y moral de los países.

Luis Ventoso ( ABC )

viñeta de Linda Galmor