La experiencia propia de España y de la mayoría de los países europeos demuestra que la pervivencia de la Monarquía hasta el siglo XXI no puede responder al voluntarismo de una élite política ni a la imposición de poderes fácticos. La condición de España como realidad política y nacional se debe a la institución monárquica y desde hace más de cinco siglos ha sido la columna vertebral del desarrollo de nuestro país.

Los períodos históricos en que la Corona ha estado mal representada, con graves consecuencias para la estabilidad de España, no sirvieron a los defensores del republicanismo para demostrar que su alternativa era mejor, sino para confirmar que la Monarquía, corregida y mejorada conforme a los valores del parlamentarismo liberal, era el sistema más adecuado para asumir la Jefatura del Estado.

La reivindicación republicana se enmarca en el ejercicio legítimo de la libertad política, más aún en un sistema como el español, que no defiende el principio de democracia militante y permite a sus detractores optar al cambio constitucional, siempre dentro de los cauces legales.

El problema de los republicanos es que sus credenciales históricas son un fracaso, que pretenden maquillar con historias ficticias sobre las bondades de la Segunda República, vulnerada, sin escrúpulos, por la izquierda que ahora se arroba en su defensa.

La Monarquía parlamentaria en España es útil y necesaria. Y no desde un punto de vista meramente coyuntural, atendiendo al escaso nivel de la actual clase política. Lo es por la idiosincrasia de la propia nación española, tan proclive a la división y el conflicto.

La existencia de una instancia superior, representante del Estado, ajena a los avatares de la alternancia política en el Gobierno central, constituye un factor de continuidad que deja a salvo lo esencial del orden constitucional -la continuidad y permanencia del Estado mismo- cuando el partidismo político se sume en sus legítimas, y a veces erosivas, disputas por el poder.

Ni el sistema republicano ha demostrado en España ninguna superioridad moral ni política frente a la Monarquía parlamentaria, ni la Monarquía supone restricción alguna para el libre desenvolvimiento de las libertades democráticas.

Recordaba Felipe González que, de las veinte democracias más avanzadas, doce tienen un sistema monárquico. Sin necesidad de comparaciones, la Monarquía parlamentaria ha supuesto para España un orden constitucional y democrático sin precedentes, gracias al cual nuestro país salió de sus patologías históricas para entrar en la senda de las democracias europeas.

Este profundo significado histórico y político de la Corona se refleja en la opinión de las cien personalidades de todos los ámbitos que han dado su opinión a ABC. El argumento común en la mayoría de todas ellas es que la Corona representa un espacio de neutralidad y seguridad institucional, tanto más necesario cuanto mayor es la crispación política en el ámbito de los poderes meramente políticos.

En efecto, la Corona es un santuario de los valores constitucionales, una reserva de la concordia nacional y la expresión de la mejor España. Los más conscientes de las virtudes de la Monarquía parlamentaria son los que se afanan por deslegitimarla. Los comunistas, porque no creen en la democracia liberal, ni en la existencia de una sociedad libre de hombres y mujeres que autodeterminen su vida sin el control del Estado.

Los separatistas, porque la pervivencia de la Monarquía constitucional es el obstáculo insuperable para la ruptura de la unidad nacional. El odio y la ira que aún les genera el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 es el síntoma más revelador de ese diagnóstico.

Nunca había sucedido en democracia que los ataques a la Corona fueran orquestados desde el Gobierno. Nunca había sucedido que los partidos separatistas, con algunos de sus líderes encarcelados, fueran socios de referencia del Gobierno que debería preservar la Corona como símbolo del Estado que aquellos quieren romper.

El republicanismo de extrema izquierda y separatista no quiere cambiar solo Monarquía por República, pretende la desaparición de la España constitucional, creada sobre el consenso de la Transición. Y significa mucho, tanto como igualdad entre españoles, libertades fundamentales, unidad nacional, ciudadanía democrática, modernidad política, progreso y bienestar sin populismos.

La estrategia concertada contra la Corona, y auspiciada desde un sector del Consejo de Ministros, es un plan contra la España actual para acabar implantando un régimen autoritario, lo único que saben hacer comunistas y separatistas.

ABC