LA VERDAD SOBRE EL » CASO SÁNCHEZ »

En un artículo anterior en estas mismas páginas (14-12-2018) hablaba yo del «complicadísimo equilibrio entre dos gobiernos en precario (Sánchez y Torra) que se necesitan el uno al otro, pero cuya colaboración amenaza con provocar una sublevación de sus bases electorales respectivas». Este complejo tinglado había mantenido unidos al Gobierno español y al Govern catalán (aquél sostenido por los votos de éste) durante cerca de nueve meses tras la moción de censura del pasado mes de mayo.

Pero todo por fin se vino abajo al rechazar el Congreso la Ley de Presupuestos con los votos de los separatistas. ¿Por qué? Ambos lados ahora pretenden atribuirse el fin del complicado equilibrio para hacer creer al electorado que ellos han permanecido fieles a sus principios y se han negado a transigir con las exigencias de los que durante más de nueve meses han sido sus socios.

Los separatistas, afirman que ante lo que ellos llaman la «intransigencia» de Sánchez en la cuestión del tan traído y llevado referéndum de autodeterminación y su negativa a presionar más a la judicatura en el juicio a los golpistas de octubre de 2017, no han tenido más remedio que mantener su enmienda a la totalidad de la Ley de Presupuestos. Los socialistas, por su parte, sostienen que las exigencias de los separatistas eran excesivas y que ellos no podían ni siquiera debatir la cuestión de la autodeterminación, lo cual es cierto sólo a medias, porque ellos estuvieron dispuestos a debatirla hasta que a última hora cambiaron de idea.

Ambas afirmaciones, por tanto, son falsas: los separatistas consiguieron muchas concesiones y esperaban obtener más; y los socialistas estaban dispuestos a seguir cediendo, como prueba el vergonzoso episodio del relator. Ni los socialistas ni los separatistas han sido los que han roto el frágil equilibrio: la verdad es que quien ha acabado con el Gobierno de Sánchez ha sido Vox. No es flaca pieza cobrada por un partido tan favorable a la caza.

Vox ha contribuido de dos maneras a la caída del llamado Gobierno Frankenstein: la primera ha sido su querella contra los golpistas de octubre de 2017, cuya vista oral comenzó el pasado 11 de febrero; la segunda ha sido su buen resultado en las elecciones andaluzas del pasado diciembre. No cabe duda de que si Vox no hubiera intervenido, el juicio a los golpistas hubiera tenido lugar igualmente; pero sin duda hubiera transcurrido de diferente manera.

Entre otras cuestiones, Vox está exigiendo el máximo rigor con los acusados, lo cual, al tiempo que exaspera a los separatistas, permite a los magistrados dar muestras de moderación e imparcialidad, y privar de argumentos a los reos cuando éstos recurran al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como sin duda harán.

El segundo factor, los buenos resultados de Vox en Andalucía, ha actuado como una bomba de espoleta retardada, que estalló el 8 de febrero cuando, después de ceder de manera humillante a la demanda de un «mediador», al que luego se llamó «relator» (eufemismo que trataba de ocultar que la figura del «mediador» había sido usada previamente para tratos entre naciones o instituciones en pie de igualdad), el Gobierno, temeroso de que el efecto Vox se acrecentara ante tamaña concesión, dio marcha atrás y rompió las negociaciones con los separatistas catalanes.

A partir de las elecciones andaluzas la preocupación se había apoderado de numerosos miembros del PSOE, ante la posibilidad de que el ascenso de Vox facilitara la formación de gobiernos tripartitos como el que se constituyó en Andalucía y les desplazara de las autonomías que gobiernan, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia o Aragón. La pérdida de la fiel Andalucía, donde habían gobernado ininterrumpidamente desde la Transición, fue un desastre histórico para los socialistas.

Los presidentes de estas autonomías, temerosos por sus barbas al ver rapadas las de sus vecinos andaluces, eran los que más rotundamente expresaban su malestar ante la política sanchesca de buscar un entendimiento con los soberanistas catalanes. La cesión en el tema del relator fue la gota que colmó el vaso, junto con la manifestación del 10 de febrero en la plaza de Colón de Madrid que, calificada inicialmente de fracaso, confirmó los temores socialistas porque, organizada torpe y apresuradamente y tras la ruptura con los independentistas, logró reunir unos 250.000 manifestantes entusiastas y enardecidos.

Como un barco ante un escollo imprevisto, el Gobierno de Sánchez ha virado de bordo a toda velocidad tratando de desandar el camino y borrar la larga estela que durante estos últimos nueve meses ha ido dejando. Con este propósito sin duda se ha publicado ese plat de résistance que es el libro redactado por Irene Lozano (la bien pagá a nuestras expensas) y firmado por Sánchez titulado Manual de persistencia (o de permanencia o de pertinacia o de algo así).

Con este libro se trata, entre otras cosas, de lograr que el público olvide la tenacidad del Gobierno de Sánchez en negociar con los separatistas catalanes en el pasado reciente. Se habla en él, como de pasada, de las «afirmaciones imposibles de aceptar» de Joaquim Torra, pero se afirma solemnemente que lo importante es mantener con él «un correcto nivel de interlocución institucional».

Eso es todo lo que el Manual nos dice de estos largos meses de «complicidad» entre el Gobierno de Sánchez (esto sí que es complicidad y no la relación de Sánchez con el Rey) y el Govern separatista de Torra. El libro omite la cordial recepción en Moncloa a Torra con el lazo amarillo en la solapa, cuyo significado para Torra y sus acólitos es que la Justicia española es represiva y sesgada (y anti catalana, por supuesto).

Omite también que se borró toda mención de la Constitución en el comunicado sobre la «fructífera» conferencia de Gobierno a Govern en Barcelona el pasado 21 de diciembre, sustituyéndola por una referencia hipócrita, cobarde e inane a la «seguridad jurídica». Omite también cualquier referencia a los 21 puntos, estos sí que «imposibles de aceptar», que Torra entregó a Sánchez en esa misma conferencia y que nadie en el Gobierno reveló (fue Torra quien más tarde lo hizo), sin duda por considerar embarazoso el haberlos recibido y no haberlos rechazado de plano.

Y omite finalmente, por no hacer la enumeración interminable, que, culminando una larga serie de ocultaciones y complicidades (la principal y, hasta hace muy poco, única acepción de la palabra «cómplice» es «cooperador en un crimen»), se llegó al bochornoso episodio del «mediador» o «relator».

Eso sí, uno de los sustantivos que más veces se repite en el libro es «diálogo», frecuentemente incluido en el sintagma «espacios de diálogo». Para Sánchez y Lozano, dialogar es bueno en sí mismo, independientemente de con quién y sobre qué se dialogue. Hasta los diálogos para besugos publicados antaño en La Codorniz deben parecer a nuestros autores formar parte del decálogo del buen político.

Hay muchos otros borrados de huellas en el Manual. Por ejemplo, todo el capítulo sobre cómo se originó la moción de censura del pasado mayo es muy difícil de creer en aspectos importantes. Algunas contradicciones saltan a la vista, como cuando se nos dice que los separatistas catalanes estaban encantados con el Gobierno de Rajoy y pocas páginas más adelante se admite que estos mismos separatistas fueron los primeros en comprometerse a apoyar la moción contra él, y además, sin condiciones. Los del PNV, que, ellos sí, estaban bastante a gusto con Rajoy, tardaron mucho en dar su acuerdo e impusieron condiciones.

El tinglado socialista-separatista con el que Sánchez esperaba llegar hasta mediados de 2020 se ha venido abajo a principios de 2019, esencialmente porque las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre han revelado que el rechazo de los electores al diálogo con los separatistas puede ser mucho más profundo de lo que muchos creían.

La conducta del todavía presidente ante esta difícil coyuntura revela que, al igual que en la guerra, en ciertas campañas electorales la primera víctima es la verdad. ¿Dónde oí yo aquello de «España no se merece un gobierno que mienta»? Y con todo: ¿logrará Sánchez imponer su falsa versión de los hechos y renovar por cuatro años su pacto cómplice con los separatistas? La respuesta, el 28 de abril.

Gabriel Tortella ( El Mundo )