LAS CALLES NO PUEDEN SER DE LOS VIOLENTOS

LOS autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR) no son más que el enunciado pomposo de tres mentiras: no son comités, porque nadie ha delegado en ellos ninguna representación legal fuera de su grupúsculo partidista; no son de defensa sino de ataque, pues sus actos de sabotaje agreden la convivencia; y no se deben a otra república más que a la que bulle en su calenturienta imaginación. Pero pese a todo, la historia demuestra que una porción menor de radicales puede constituirse en fuerza de choque totalitaria que condicione la marcha económica de una comunidad o incluso el devenir de una democracia hacia su degeneración. Se alcanza ese estadio cuando el Estado desaparece.

En Cataluña ha desaparecido el autogobierno porque los propios golpistas lo malversaron con su desafío unilateral, y porque se resisten a recuperarlo invistiendo a un president viable por sostener un melancólico reto al Estado. Pero eso no significa que haya desaparecido la autoridad, porque la aplicación del 155 faculta -y obliga- al Gobierno central para garantizar el orden público con todos los instrumentos a su alcance, empezando por la policía autonómica. Desde que asumió esas competencias, son imputables al ministro Juan Ignacio Zoido tanto la acción como la inacción de los Mossos d’Esquadra. Los sabotajes de los CDR en las autopistas de peaje no son pues un problema periférico, sino central.

La violencia en una sociedad democrática siempre germina allí donde el Estado deja de ejercer su legítimo monopolio. La deslealtad congénita del nacionalismo explica la paradoja de que un feudo tradicionalmente propicio a la burguesía como Cataluña haya alentado la impunidad de quienes amenazan con suicidar la economía antes que regresar al imperio de la ley; camino de vuelta a la sensatez que la CUP considera una vergonzosa capitulación “autonomista”. Su coherencia anarcoide era previsible, igual que la complicidad de Podemos: Xavier Domènech ha despachado como “protestas ciudadanas” los actos de los CDR.

Pero que un declarado independentista como Salvador Alemany, actual presidente de Abertis, padezca en sus propios peajes los efectos descontrolados de la siembra separatista es algo más que justicia poética: es la repetición de la peor historia de Cataluña. Porque la batasunización del procés echa raíces en la previa degradación de su clase política, cuya codicia garrafal les volvió a persuadir -ya ocurrió en el siglo XX- de que hipotecar su proyecto de secesión al capricho de los antisistema era buena idea. Como no lo era quemar autobuses para empujar la independencia de Euskadi.

Puede que el radicalismo callejero sea la tumba del independentismo, pero antes de que eso suceda, la situación puede empeorar. Evitarlo es responsabilidad de Rajoy. Sería imperdonable que no lograra preservar la seguridad y movilidad de los catalanes frente a los violentos.

El Mundo