En una democracia parlamentaria, el respeto al Parlamento es la condición imprescindible para sostener la calidad del sistema y garantizar que el pueblo es el titular de la soberanía nacional.

El Parlamento representa el poder constituido para controlar la actividad del Gobierno y pedir cuentas a sus titulares, debatir sobre los asuntos de interés general y producir las leyes que rijan la vida de los ciudadanos y las instituciones. Privar a las Cortes de cualquiera de estas funciones, o socavar su función en el juego de equilibrios con otros poderes, es una forma de deteriorar el propio sistema democrático.

Sin tremendismos ni exageraciones, se puede decir que el Parlamento muestra los daños que le están causando las políticas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Bien sea por sus discrepancias sobre determinados proyectos legislativos, bien sea por eludir a base de reales decretos leyes el debate y el control parlamentarios, lo cierto es que el Congreso –y, por extensión, el Senado– destaca en la lista de instituciones damnificadas por las prioridades del Gobierno de coalición. No iba a ser menos el Parlamento que el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, por citar tres ejemplos de instituciones lesionadas por el intervencionismo sin medida del PSOE.

Uno de los problemas del Congreso y el Senado es que el Gobierno tiene varados más de cuarenta proyectos legislativos, de los que veintitrés son teóricamente urgentes, relacionados con asuntos muy graves, como la ejecución de los fondos europeos, la adaptación de España al Brexit, la vivienda, la situación de personas vulnerables y las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Los plazos de enmiendas en los procedimientos de aprobación de las leyes se prorrogan una y otra vez, dando a los trámites de los proyectos y proposiciones de ley una duración desproporcionada. En cambio, cuando a la izquierda le interesa un objetivo inmediato, no duda en usar las tramitaciones de urgencia, sin apenas debate político, como ha sucedido con la reforma del CGPJ para imponerle la designación de dos magistrados del TC.

La preferencia dada por el Gobierno de Sánchez a la normativa de urgencia (el real decreto-ley), sea o no de verdad urgente, ha convertido la excepción en regla general, para permitir a la coalición que preside Sánchez ir saliendo del paso caso vez que necesitaba un titular, esconder un fracaso o eludir la precariedad de su mayoría en el Congreso.

De hecho, el Ejecutivo sanchista ha batido todos los récord de utilización del real decreto-ley, con más de 120. Esta profusión es todo un síntoma, en nada positivo, del respeto de Sánchez al legislativo. A esto se une que muchas de las leyes aprobadas tienen una deficiente calidad técnica, son instrumentos ideológicos de la izquierda y no están a la altura de una democracia que merece más respeto.

La legislatura se acaba y el próximo período de sesiones va a ser el escenario de una batalla sin cuartel de la izquierda contra la derecha para remontar las encuestas y captar al precio que sea, nunca mejor dicho, el voto huido al PP o harto de la impostura del Gobierno de coalición.

En esta situación, Sánchez no va a comportarse como un poder ejecutivo sensato y responsable con el Parlamento, sino que acentuará su pulsión por convertirlo en una servidumbre de paso hacia las urnas. Un Parlamento que legisla poco y mal, que apenas controla a un Gobierno esquivo y tramposo (ahí están las sentencias del TC desmontando su estrategia antiparlamentaria del confinamiento), es un Parlamento sometido a sabotaje político.

ABC